“Néstor Kirchner gana y luego baja los cuadros de Videla y Bignone” me dijo Iñigo Errejón, número dos de Podemos, tratando de explicar por qué no es un tema de campaña plantear que se juzguen los crímenes del franquismo. Errejón, hijo de José Antonio, torturado y detenido por la dictadura española, aclara que él está comprometido con esa bandera, pero no es un eje del debate electoral de cara a los comicios del 20 de diciembre.

Cuarenta años después de la muerte de Francisco Franco, la clase política española le rehúye a la revisión del pasado. Queda claro que la transición fue exitosa en anestesiar conciencias e instalar un relato hegemónico que pide no reabrir las heridas. Tras la firma de los Pactos de La Moncloa, en octubre de 1977 se aprobó la Ley de Amnistía, la primera que sancionó el Parlamento democrático; una amnistía que también sirve para todos aquellos funcionarios del Estado que atentaron contra los derechos humanos.

Eduardo Ranz, abogado de familiares de víctimas, afirma a Página/12 que las cúpulas de los partidos políticos no entienden que sea un problema a solucionar, a la vez que denuncia que en decenas de regiones de España donde gobierna la derecha no se cumple la Ley de Memoria Histórica. “El espíritu de la ley era el de realizar exhumaciones costeadas por el Estado. Las últimas subvenciones que se otorgaron fueron en noviembre de 2011, coincidiendo con la salida del gobierno socialista. Tras la entrada del siguiente gobierno, no se ha otorgado ninguna subvención, se ha cerrado la oficina de víctimas del franquismo y cualquier iniciativa que se plantea en el parlamento es rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular (PP)”.

En 2007, durante el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, el Congreso aprobó dicha ley que incorporó un reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; declaró ilegítimos los tribunales franquistas y a sus sentencias –pero no las anuló– y el Estado se comprometió a ayudar en la apertura de las fosas comunes. Un caso emblemático es el juicio contra el ex presidente catalán Lluis Companys, cuya anulación reclaman políticos como Albert Royo Mariné, representante del Consejo de diplomacia pública de Cataluña. Royo Mariné sostiene que el PP y Ciudadanos se han negado a condenar el franquismo. “Que Ciudadanos se niegue a condenar el franquismo da una pista de lo que esconde. Plantean que no son de derecha ni de izquierda, pero son conservadores o de ultraderecha”. También afirma que la búsqueda de desaparecidos se hace de forma muy lenta y en las regiones donde gobierna la izquierda o el PSOE. “El Estado español les debe un homenaje y una tarea a conciencia para recuperar la memoria y los cuerpos de decenas de miles de desaparecidos que fueron enterrados en fosas comunes”.

En este marco de impunidad que se sostuvo en el tiempo, el único juez que intentó investigar los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue inhabilitado de la Justicia de su país en 2012 por más de una década. Lamentablemente, muchos de los que colaboraron con la dictadura murieron o son muy viejos. La única causa abierta en el mundo que lleva adelante la investigación de tales crímenes reside en el juzgado de la magistrada argentina María Romilda Servini de Cubría, bajo el principio de la jurisdicción universal. Los pedidos de extradiciones de ex represores se vieron sistemáticamente entorpecidos por la Justicia española y por el gobierno del PP.

Más de 70 colectivos y asociaciones de víctimas del franquismo entregaron una carta a los partidos políticos que irán a las urnas el 20 de diciembre en la que reivindican su reconocimiento jurídico y piden la creación de una fiscalía especializada para investigar y juzgar los delitos de aquel período. También solicitan la nulidad de la Ley de Amnistía y de los juicios franquistas. Ojalá que los futuros gobernantes tomen conciencia de la importancia de avanzar en la verdad y la justicia.

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