Creció en una casa donde el tema de la justicia social sazonaba la cena. Extensas charlas sobre acceso a la tierra animaban la sobremesa de la familia, que llegó a Canadá, desde el Líbano, en busca de un futuro mejor. Leilani Farha, relatora especial sobre derecho a una vivienda adecuada de Naciones Unidas, recibe a Página/12 en un hotel de San Telmo cuyo esqueleto de albergue para migrantes de principios del siglo XX resiste como puede al negocio inmobiliario. “La vivienda es algo esencial. No importa la edad, durante toda tu vida tener una vivienda es lo más importante”, sostiene la directora ejecutiva de la ONG Canadá Sin Pobreza. Farha viajó a Buenos Aires, por invitación del Centro de Estudios Legales y Sociales, para compartir su experiencia con expertos internacionales acerca de la situación de personas sin techo, discutir causas y consecuencias de la falta de hogar y analizar tendencias y manifestaciones de estigma y exclusión social.

En junio de 2014 fue nombrada como relatora especial por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por un período de tres años. Debe monitorear y evaluar la situación del derecho a la vivienda y la no discriminación en un contexto global, entre otras tareas. “Si consideramos el derecho internacional respecto a los derechos humanos, está muy claro lo que significa vivienda adecuada. Esta definición, por supuesto, depende de diferentes contextos culturales y socioeconómicos”, apunta la fundadora de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

–¿En qué consiste el derecho humano a la vivienda?

–En el derecho internacional, el derecho a la vivienda implica conquista de derechos básicos: agua y electricidad, acceso al sistema público de salud y posibilidad de tener empleo cerca del lugar de residencia. Por otra parte está la adecuación cultural: donde la gente acostumbra a vivir en casas bajas no se puede construir edificios altos por ser culturalmente inadecuado para el estilo de vida de esas personas. Un jardín o un huerto en la casa es adecuación cultural. Derecho a la vivienda es derecho a vivir en un lugar digno. Un elemento central del derecho a la vivienda, en este momento, es la posibilidad económica de acceder a una casa.

–¿Cuándo una vivienda se vuelve asequible?

–No hay fórmula para saber cuándo es o no accesible. Sabemos que hay países, de economías desarrolladas y en desarrollo, donde no se puede acceder a una casa a precio razonable. Esto incrementó muchísimo los asentamientos informales. Aquí vemos un vínculo entre accesibilidad financiera y dignidad: cuando una persona no puede acceder a una vivienda de calidad, adecuada, la autoconstrucción se desarrolla más. Uno de los problemas de la autoconstrucción es que no existe reconocimiento legal y, en muchos lugares, tampoco servicios. Hay varias formas de entender la seguridad en relación con la vivienda.

–¿Por ejemplo?

–La seguridad de que no te pueden sacar de tu casa fácilmente. Cuando te sentís amenazado por un desalojo y tu vivienda está comprometida, hay una violación de derechos humanos. La seguridad también tiene que ver con qué tan resguardado te sentís: un niño, una mujer o una persona mayor que sufre violencia en su casa. Finalmente, aparece la seguridad respecto de conflictos armados, en situaciones en las que el gobierno, los paramilitares o las milicias están en condiciones de atacar tu hogar.

–¿Qué opina de la ocupación de tierras realizada por sectores sociales impedidos de acceder a una casa digna?

–Técnicamente, hay ocupación de tierras porque las personas, sobre todo quienes viven en la pobreza o tienen bajos ingresos, no pueden ni alquilar ni ser propietarios de viviendas de una forma “más legal” o “más formal”. Si no hay mecanismos que permitan acceder a una vivienda de una manera “más formal”, van a necesitar ocupar tierra, y eso va a suceder mientras no se generen políticas para que puedan tener una vivienda adecuada.

–“Es imperativo que comencemos a tratar la falta de hogar como una violación grave de derechos humanos”, afirmó usted en el encuentro que mantuvo en Buenos Aires. ¿Cómo abordan este tema los Estados?

–Muy pocos reconocen que el problema de la situación de calle o la falta de techo es una violación de derechos humanos. Hay confusión al creer que se trata de políticas sociales escindidas de derechos humanos; que la vivienda se ha convertido en un lujo o en parte de la economía de mercado y no necesariamente en la protección de un derecho humano.

–¿Y qué puede hacer el Estado ante el avance de una economía de mercado que vulnera el derecho a la vivienda?

–Debe monitorear y regular el mercado y a los actores privados en temas de especulación e inversiones extranjeras. Es importante que haya un tipo de control para asegurar que las personas más pobres y más vulnerables puedan acceder a casas en lugares donde quieran vivir. Lo paradójico es que el mercado, que se llama libre, en realidad no lo es. Los gobiernos toman decisiones que permiten la especulación, incentivan la desigualdad.

–Algunas regiones del país aumentaron la edificación de barrios cerrados últimamente. ¿A qué modelo social responde este tipo de construcciones?

–Los barrios cerrados representan desigualdad. Personas con mucho dinero, cercanas al poder, quieren distanciarse de los más pobres; buscan esa sensación de seguridad y distancia de la gente a la que consideran de más bajo estatus. La separación de comunidades solía ser un tema en conflictos raciales. El ejemplo más evidente es Sudáfrica. Es importante ver cómo el lugar en el que vivimos crea la percepción de adonde podemos o no ir y eso ocurre como construcción social, cultural. Aunque en algunos sitios no hay barreras, puertas cerradas o cámaras de seguridad, en ciertas ciudades la gente más pobre sabe que no debe visitar los barrios ricos.

–En su cuenta de Twitter, usted expresó su felicidad por el encuentro con habitantes del barrio Rodrigo Bueno. ¿Qué balance puede hacer de esa visita?

–El hecho de ir hasta el barrio fue en sí mismo muy interesante. Antes de llegar a Rodrigo Bueno aparecen estos barrios muy ricos incluso en comparación con San Telmo, que es donde estoy ahora. Es un gran contraste. Me llamó mucho la atención el sentido de comunidad que tienen los residentes de Rodrigo Bueno. Es público que desde hace mucho tiempo están peleando para que se urbanice su barrio. También estuve impresionada por lo que dijeron brevemente algunos de los líderes comunitarios sobre la necesidad de vivir con dignidad y asegurar que sus hijos vivan bien.

La relatora de la ONU traga una bocanada de aire y resopla cuando se le pregunta qué fue lo que despertó su interés en temas vinculados a la vivienda. Recostada en un sillón del patio perfumado por alegrías del hogar, lavandas, santa ritas y custodiado por espadas de San Jorge, respira, infla el pecho y resume la historia de su padre y de su abuelo, quien fuera alcalde de Marjayoun, un “pueblo politizado y culto” del sur del Líbano. El conflicto bélico que en 1948 mantuvieron los países árabes e Israel impactó en los Farha –confía la abogada– al punto de perder sus propiedades y la capacidad de vivir de la tierra. Funcionarios británicos le habían ofrecido a la familia que vendiera sus campos al Fondo Nacional Judío. Pero la decisión del abuelo de no negociar sus terrenos, el rechazo a trabajar en un puesto comercial y la tozudez de mantenerse al frente del ayuntamiento, cargo que desempeñó ad honorem hasta 1970, obligaron al padre de la relatora, como hijo mayor, a migrar a Canadá para sostener económicamente a su familia. Aunque las tierras de los Farha iban a pasar a manos de un fondo fiduciario administrado por el banco Barclays, desde entonces están bajo control de Israel.