Desde Río de Janeiro

Brasilia entró en una nueva etapa de tensión y preocupación, luego de la prisión del senador Delcidio Amaral, líder del gobierno en el Senado. Se considera que son altísimas las posibilidades que el ya inestable cuadro político enfrentado por Dilma Rousseff desde enero, cuando empezó su segundo mandato presidencial, entre en una nueva etapa de turbulencias, amenazando con más fuerza la frágil gobernabilidad de que disfruta la mandataria. Además de ampliar el desgaste político del gobierno, se da por seguro que habrá nuevas dificultades para lograr aprobar, en el Congreso, medidas necesarias al tan postergado ajuste fiscal anunciado hace ahora casi un año. Todo eso ocurre cuando la crisis política aguda que acosa a la presidenta había empezado a dar tenues señales de una ligera tregua.

La prisión del senador Delcidio Amaral significa, entre otras cosas, que surge un vacío de liderazgo de parte del gobierno en el Senado, precisamente donde su situación era bastante más positiva que en la muy hostil Cámara de Diputados. Al fin y al cabo, el senador que ahora se encuentra tras las barras de una celda era uno de los principales articuladores del gobierno para aprobar el paquete fiscal pretendido.

Todo eso ocurre exactamente cuando Dilma lograba, por fin, abrir espacio para reagrupar las dispersas fuerzas aliadas. Y, en este esfuerzo, Delcidio Amaral era un operador hábil y eficaz.

Era, también, un interlocutor frecuente de la presidenta, con quien solía mantener conversaciones reservadas, en presencia solamente de sus asesores de confianza extrema. Por eso su prisión significó también que la crisis entró, sin mayor ceremonia, en el mismo despacho presidencial. Además, el senador ahora preso también tenía buena llegada con el ex presidente Lula da Silva, y solía reunirse con él en San Pablo de manera periódica.

La primera reacción en el Congreso, luego del primer susto, fue suspender las votaciones importantes. Si se tiene en cuenta que todas las previsiones sobre la economía en 2016 son más bien sombrías, queda claro que se requiere una acción firme de un gobierno que cuente con fuerte respaldo político, lo que dista millas marítimas de la situación en que se encuentra la presidenta Dilma.

En términos exclusivamente políticos, Dilma se ve otra vez acosada y amenazada por la parálisis que puede sufrir el Congreso. Si eso ocurre, el gobierno se verá con nuevas e inmensas dificultades para hacer aprobar las cuentas de 2015 y establecer un presupuesto realista y viable para el año que viene. Es primordial para Dilma que el Congreso acepte alterar la meta de superávit primario para 2015, oficialmente establecida en 1,2 por ciento del PIB, para un déficit de 0,85 por ciento. De no ocurrir esa alteración por el Congreso, la presidenta correrá el serio riesgo de ser acusada de “crimen de responsabilidad”, por no respetar lo establecido.

Existe, además, otro malestar incrementando la tensión que ya era palpable en el Congreso. Es que se creía, hasta la prisión de Delcidio Amaral, que la Corte Suprema se resguardaría para dar la palabra final sobre lo que produce la Justicia en primera instancia, a través del juez Sergio Moro, de la provincia de Paraná. Ahora se considera que los ministros del Supremo también acepten pasar en limpio las acusaciones sobre hechos ocurridos tanto en los dos gobiernos de Lula da Silva como en lo que va de los mandatos de Dilma Rousseff.

Sin respaldo siquiera entre sus pares –cumpliendo con lo que determina la Constitución, el Senado examinó y aprobó, por sofocante mayoría de 59 votos a 13, que Delcidio Amaral siga preso–, se teme que el senador acepte, muy rápidamente, prestar la ‘delación premiada’, o sea, contar todo lo que sabe a cambio de substancial disminución en las penas que seguramente le serán imputadas.

Y más: al estar su prisión determinada por la Corte Suprema y ratificada por el Senado, el caso deja en evidencia que ninguno de los presos ya condenados en primera instancia tendrá mejor suerte con los magistrados máximos de la Justicia. Los pedidos de hábeas corpus a la espera de decisión de la Corte tampoco tendrán buen destino.

Ese nuevo fantasma no asombra solamente las noches de las celdas donde están empresarios de las mayores constructoras del país, compartiendo espacio e incomodidades con políticos y ex funcionarios de alto rango de la Petrobras. Asombra también las noches de cada uno de los parlamentarios y dirigentes políticos del país.