El Tribunal Constitucional (TC) español anuló la declaración secesionista del Parlamento de Cataluña, que ya estaba suspendida y que las fuerzas independentistas pretendían utilizar como base para avanzar en el proceso de ruptura con España. La sentencia del Alto Tribunal fue adoptada ayer, por unanimidad, y considera que el manifiesto separatista atenta contra la Constitución española porque supera los límites de los actos políticos, al ser capaz de producir efectos jurídicos, puesto que busca la independencia de la norteña región respecto del Estado peninsular. “La declaración impugnada desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía”, señalaron los once jueces en su fallo.

La infracción constitucional, apuntaron los magistrados, no obedece a un entendimiento equivocado de lo permitido por la Carta Magna, sino a un expreso rechazo a la Constitución que se arroga de una soberanía y un poder constituyente que niega el ordenamiento jurídico del Estado. “Se trata de la afirmación de un poder que se pretende fundante de un nuevo orden político y liberado, por ello mismo, de toda atadura jurídica”, subrayaron los magistrados.

En un tiempo record de tres semanas, los supremos le dieron la razón al gobierno español de Mariano Rajoy, que el 11 de noviembre presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración, aprobada dos días antes en el Parlamento catalán por las fuerzas independentistas Junts Pel Sí y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Las dos agrupaciones tienen mayoría en el Parlamento catalán desde las elecciones regionales del 27 de septiembre. En una breve intervención desde el Palacio de La Moncloa, en Madrid, Rajoy señaló que, a partir de la medida resuelta, queda demostrado que “todos los españoles somos iguales ante la ley y que nadie está por encima de ella”. La respuesta al mandatario español no demoró en llegar desde Cataluña, donde la vicepresidenta del gobierno, Neus Munté, aseguró, poco después de que la sentencia se conociera, que el TC no va a frenar los efectos políticos de la declaración de soberanista.

En su resolución, el Alto Tribunal explicó que le dio prioridad a la resolución secesionista por la trascendencia constitucional que tiene el asunto. La decisión fue adoptada antes de que España entrara oficialmente el viernes en la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, en las que el conflicto de Cataluña seguirá dominando el debate. De hecho, al admitir que se tramitara ese recurso, que implicó la suspensión automática de la declaración, el TC advirtió a 21 autoridades catalanas –entre ellos el presidente regional, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell–, sobre las consecuencias legales y administrativas (como la inhabilitación) que se podían derivar del incumplimiento de ese mandato. El tribunal mencionó cinco artículos de la Carta Magna y del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña –la ley de autogobierno regional– y concluye que la cámara catalana no puede “erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad”.

También rechazó el intento de contraponer el mandato y la legitimidad de las urnas con el orden constitucional, en detrimento de este último, argumentando que “la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico”. En sus alegatos, presentados la semana pasada, el Parlamento catalán señaló que la declaración era de naturaleza política y que carecía de elementos para ser valorada jurídicamente.

Esta Corte, controlada por magistrados conservadores, se encuentra en el foco de la polémica catalana desde que en 2010 recortó competencias recién adquiridas por la región en un estatuto de autonomía reformado y aprobado en referéndum en 2006. Desde entonces, y al abrigo de la crisis económica, el independentismo creció notablemente. La intención de los separatistas es desobedecer la sentencia del tribunal. En este sentido, Oriol Junqueras presidente d’Esquerra Republicana de Catalunya y alcalde de Sant Vicenç dels Horts, señaló desde su cuenta en la red social Twitter que ni la resolución del TC ni las órdenes de un partido político (en referencia al Partido Popular) impedirá que el pueblo de Cataluña obedezca el mandato que surgió de las urnas. Por su parte, el número uno de la candidatura Democràcia i Llibertat (DL), Francesc Homs, advirtió al PP, y también al Partido Socialista Obrero Español, que intentar resolver la cuestión de Cataluña a través de los tribunales es un error, que sirve para que aumente el número de independentistas.