Presionados por la amenaza terrorista, los ministros del Interior de la UE acordaron ayer la creación de un registro de datos, que permite compartir información sobre los pasajeros de aviones.

El acuerdo concluido entre los ministros del Interior reunidos en Bruselas sobre el fichero de datos llamado PNR (Passenger Name Record), tiene como objetivo seguir mejor los itinerarios aéreos de posibles autores de atentados, a partir de las informaciones que las compañías deberán transmitir a los Estados. “Después de tantos años y conversaciones, al fin hemos podido encontrar un acuerdo sobre un PNR europeo”, declaró el ministro luxemburgués del Interior, Etienne Schneider, cuyo país preside el Consejo de la Unión Europea.

Las discrepancias entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo llevaban años impidiendo la adopción del PNR, que propuso la Comisión Europea en 2011. Pero la presión para crear rápidamente este mecanismo aumentó tras los atentados del 13 de noviembre en París que dejaron 130 muertos. Una de las cuestiones más espinosas era el período durante el que podrán conservarse los datos transmitidos por las compañías aéreas a los gobiernos, de forma que se pueda identificar a los pasajeros.

Francia, que abogaba por una adopción rápida del fichero, deseaba un período de conservación de dichos datos abiertos de al menos un año. El Parlamento Europeo, en su última posición oficial, se negaba a ir más allá de seis meses.

“Con un espíritu constructivo, los Estados miembro acordaron un plazo de retención de seis meses”, como lo pedían los eurodiputados, explicó Schneider, tras reunirse con sus homólogos de la UE. “Hemos conseguido un compromiso de todos los Estados miembro para que todos los vuelos intraeuropeos y los vuelos chárteres se incluyan” en el PNR, dijo el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve.

Una comisión del Parlamento Europeo se pronunciará el 10 de diciembre sobre el acuerdo propuesto ayer por los Estados miembros, antes de que los eurodiputados voten el proyecto en sesión plenaria, a principios de 2016.

Si se adopta, la directiva tendrá que aplicarse en todos los países de la UE. Todos tendrán, por tanto, su PNR y deberán compartir el resultado de sus análisis de datos con los demás Estados. Los ministros abordaron ayer un dossier más espinoso, el de la libre circulación del espacio Schengen, ensombrecido por la incapacidad de los europeos de hacer frente a la crisis migratoria.

“Todos los Estados miembros exprimieron su adhesión al espacio común”, aseguró Jean Asselborn, ministro luxemburgués de Inmigración. Para salvaguardar esta zona de libre circulación, uno de los logros emblemáticos de la UE, los 28 se pusieron de acuerdo sobre “una coordinación reforzada” cuando se restablecen controles temporales en sus fronteras interiores. También van a “remediar las deficiencias en los controles de las fronteras exteriores”, dijo. Pero “no es jurídicamente posible excluir a un Estado de la zona Schengen”, añadió, en una alusión al escenario sobre Grecia, criticada por dejar pasar un importante flujo de migrantes.