La Cámara de Diputados de Brasil instalará hoy la comisión especial de 65 miembros que tendrá a su cargo determinar si es pertinente abrir juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, denunciada por irregularidades fiscales. Los diversos bloques tenían que definir quiénes formarán parte de la comisión, que tendrá integrantes de todos los partidos con representación en la Cámara baja. Dentro del grupo, el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff tendrá 19 miembros y su principal aliado en el gobierno y el parlamento, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 25. Pese a que la suma de ambos da como resultado una clara mayoría (44 sobre 65), aún no está claro si Rousseff podrá evitar el impeachment pues dentro del PMDB hay sectores disidentes que impulsan la medida abierta o disimuladamente.

Rousseff es acusada de prácticas presupuestarias no ajustadas a la ley y de realizar gastos suplementarios sin la autorización previa del Congreso. La presidenta asegura que no hizo nada ilegal y que repitió procedimientos que a gobiernos anteriores no se le cuestionaron. Los miembros de la comisión deberán determinar si las irregularidades fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen motivo suficiente para juzgar, y, eventualmente, destituir a la mandataria. Una vez instalada la comisión, Rousseff tendrá un plazo de diez sesiones para presentar por escrito su defensa. Sus argumentos y los de la parte acusadora serán analizados durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso a favor o en contra del inicio del proceso.

Si el dictamen de la comisión es favorable al juicio político, deberá ser votado por el plenario de 513 diputados y, en caso de ser respaldado por dos tercios (342 votos), tendrá que iniciarse el proceso. Ante ese contexto, Rousseff deberá dejar su cargo por 180 días, que es el plazo que tendrá el Senado para llevar adelante el juicio político. El inicio del trámite fue aceptado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los disidentes del PMDB y uno de los 50 políticos investigados por el multimillonario desvío de fondos descubierto en la petrolera estatal Petrobras.

Ante un proceso judicial que llevará meses, el gobierno, que cree contar con los votos necesarios para salvar a la presidenta, busca que se resuelva rápidamente. La oposición, en cambio, procura extender el procedimiento de manera tal que, al calor de los problemas económicos, los posibles reclamos de las calles generen disidencias en las filas de Rousseff. La celeridad de los procedimientos depende de que el gobierno consiga que el Congreso suspenda el tradicional receso estival que empieza el 22 de diciembre y se prolonga hasta febrero. “La demora de todo este proceso conspira contra la economía, la empeora y eso es malo para el gobierno”, comentó Rubens Figueredo, politólogo de la Universidad de San Pablo.

A once meses de iniciado su segundo mandato ganado con 54 millones de votos, la popularidad de la mandataria cayó al 10 por ciento debido a la corrupción y la crisis económica. Políticos allegados al gobierno, banqueros y ejecutivos de grandes compañías están presos por la gigantesca corrupción destapada en Petrobras. La investigación, que no levantó sospechas sobre Rousseff, aún esta en curso.