El Consejo de Etica de la Cámara baja de Brasil reinició ayer el proceso contra el presidente de ese órgano legislativo, Eduardo Cunha. Si el trámite avanza, el legislador –que se encuentra acusado de beneficiarse de los hechos de corrupción descubiertos en la estatal Petrobras– podría perder su banca. La reapertura del proceso ocurrió en una tensa sesión en la que diputados del oficialismo y de la oposición llegaron a empujarse y hasta se lanzaron algunos puñetazos sin poder dar en el blanco. El diputado Ze Geraldo, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), insultó y empujó a su colega Wellington Roberto, del Partido Republicano, durante la sesión. Según el parlamentario oficialista, los seguidores del diputado Cunha quieren causar revuelo para dilatar su acusación y buscar que ésta quede para después del receso parlamentario que se inicia dentro de dos semanas. “Nadie es tan macho como para golpearme”, rebatió Wellington Roberto visiblemente irritado con el petista Geraldo cuando otros parlamentarios intercedieron para apaciguar los ánimos.

El juicio político contra Cunha había sido interrumpido anteayer por una decisión de la Mesa Directora de la Cámara baja, controlada por él mismo, que impugnó el nombramiento del diputado Fausto Pinato como instructor del caso. La mesa argumentó que, según la normativa interna, el instructor no puede pertenecer al mismo bloque parlamentario que el acusado y que Pinato es del Partido Republicano Brasileño (PRB), que actúa en el mismo grupo que lidera el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del cual es miembro Cunha. Cuando los ánimos se calmaron, fue elegido como nuevo instructor el diputado Marcos Rogério, del Partido Democrático Laborista (PDT), quien anunció que presentará un primer informe sobre el caso en una sesión convocada para el martes próximo.

Según sostiene la fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia negó sistemáticamente, pero cuya procedencia fue comprobada por la propia Justicia helvética. Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó la semana pasada iniciar el trámite para un juicio político contra la jefa de Estado, Dilma Rousseff, debido a unas irregularidades fiscales en las que incurrió el gobierno para maquillar sus resultados.

La oposición sostiene que esas maniobras suponen un delito de responsabilidad, que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario. El proceso contra Rousseff comenzó este martes en la Cámara de Diputados, pero fue suspendido por la Corte Suprema, que atendió una demanda contra los trámites adoptados en la elección de una comisión parlamentaria que examinará las acusaciones contra la mandataria. La suspensión se ordenó mediante una medida cautelar que estará vigente al menos hasta el próximo 16 de diciembre.

El jefe de los Diputados integra una lista de medio centenar de políticos sospechosos de haberse beneficiado de los delitos de corrupción en Petrobras, que salpican además a una veintena de empresas privadas.

En esa lista está también el actual presidente del Senado, Renan Calheiros, quien al igual que Cunha pertenece al oficialista PMDB, que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer. El PMDB, una de las principales fuerzas políticas del país, es el principal pilar de la coalición de gobierno, pero Temer desveló que la relación con Rousseff está al borde de una ruptura. Lo hizo a través de una carta en la que manifestó un profundo malestar con Rousseff, de quien dijo que jamás le tuvo confianza y que lo trató como un mero objeto decorativo.