A 25 años del retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet, Chile mantiene “desafíos pendientes” en el acceso a la justicia para castigar violaciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo, según un informe oficial divulgado ayer. Chile arrastra “un conjunto de deudas en estas materias que obstaculizan aún la búsqueda de más verdad, más justicia y más reparación para quienes fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”, dice el informe anual del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), una entidad oficial pero autónoma. Durante 2015, diversos hechos “han resaltado los desafíos pendientes en cuanto a la garantía del acceso a la justicia en relaciones con estas violaciones a los derechos humanos”, agrega el reporte, entregado a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en una ceremonia encabezada por la presidenta Michelle Bachelet.

El organismo instó a las autoridades a levantar el secreto que por 50 años pesa sobre los documentos, testimonios y antecedentes, aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, conocida como Comisión Valech, de 2003.