El Parlamento de Portugal aprobó ayer varias medidas dirigidas a revertir, a partir de 2016, la austeridad predominante en los últimos años, de momento de forma parcial, a iniciativa del nuevo gobierno socialista liderado por António Costa.

La Cámara dio vía libre a varios proyectos legislativos de cara a 2016, dirigidos a reducir ligeramente la carga fiscal y a eliminar gradualmente los recortes aplicados a los salarios de los funcionarios. El Ejecutivo, en manos del socialismo, que tomó posesión hace tres semanas, logró sacar adelante una parte de estas propuestas gracias al apoyo de los partidos de izquierda radical, con los que firmó un acuerdo clave para su llegada al poder, ya que no cuenta con mayoría absoluta. Sin embargo, en el hemiciclo se reflejaron también ayer y por primera vez las divergencias que separan a los socialistas de marxistas, comunistas y ecologistas con el debate sobre un impuesto especial sobre las pensiones. Las fuerzas de izquierda votaron en contra de seguir cobrando la Contribución Extraordinaria de Solidaridad (CES) el próximo año, que actualmente afecta únicamente a las pensiones más altas, a partir de 4611 euros mensuales. Sin embargo, la iniciativa, que reducirá en 2016 a la mitad la tasa que penaliza a estos pensionistas en comparación con la aplicada este año, fue aprobada gracias al apoyo de los conservadores, que la incluían también en su programa.

Lo contrario ocurrió a la hora de votar la reducción de un impuesto extraordinario sobre la renta que se cobraba a los trabajadores del sector privado y la reposición gradual de los salarios de los funcionarios. Ambas medidas salieron adelante gracias al consenso entre socialistas y el resto de las fuerzas de izquierda, que negociaron de forma conjunta el diseño de estas políticas, superando sus diferencias iniciales.

La tasa especial sobre la renta –fijada desde 2013 en el 3,5 por ciento– bajará de forma significativa para los contribuyentes con sueldos más bajos y los empleados del sector público verán cómo desaparecen gradualmente los recortes aplicados a sus sueldos hasta ser totalmente eliminados en el cuarto trimestre de 2016. Estas primeras iniciativas legislativas encaminadas a dejar atrás los ajustes que marcaron la anterior legislatura y que todavía deben pasar al jefe del Estado, el conservador Aníbal Cavaco Silva, antes de ser sancionadas definitivamente y poder entrar en vigor.

En sus primeros días en el cargo –asumió funciones a finales de noviembre–, el primer ministro António Costa intentó dar un marcado acento social a su gestión. Sin embargo, la importancia de garantizar que Portugal cierre el ejercicio con su déficit público por debajo del 3 por ciento derivó en la aprobación de “medidas adicionales” para controlar el gasto público que estarían vigentes hasta final de año.

La existencia de “desvíos” llevó al Ministerio de Finanzas a decretar de forma urgente la congelación y reducción de fondos destinados a las administraciones públicas para que no asuman gastos que no tengan carácter urgente. Estrategias similares ya fueron adoptadas en el pasado por su antecesor en el cargo, el líder de la coalición de centroderecha, Pedro Passos Coelho, quien dejó críticas a Costa por su intención de emprender un nuevo rumbo político.

“Los verbos que este gobierno más ha repetido son reponer, revertir, revocar y eliminar, aún no vimos otras propuestas”, advirtió Passos Coelho, quien fue el candidato más votado en las últimas elecciones legislativas, realizadas a principios de octubre.