Finalmente llegó el día: la renovación de la Asamblea Nacional venezolana será la coronación de los cambios que las últimas elecciones legislativas imprimieron a la cartografía política del país bolivariano, creando en el mismo un nuevo centro de gravitación. Lo que viene es un escenario novedoso, de poder cohabitado y difícil de predecir, pero que –en cualquier caso– supone el fin del período de cerrada hegemonía chavista.

El principal hecho disruptivo, está claro, es el control del Poder Legislativo por parte de la oposición, algo inédito en los poco más de tres lustros de gobiernos socialistas. Desde ahora, la división de poderes coincidirá también con una división política entre fracciones en principio irreconciliables, lo que pondrá en riesgo en última instancia el funcionamiento del propio Estado.

Nadie duda de que la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) acumuló un poder potencial como nunca antes. No obstante, para hacer del mismo algo concreto deberá mantener la cohesión y funcionar en bloque, cuestión nada sencilla si se contemplan la abundancia de personalismos entre sus filas y los múltiples dilemas que circundan a la tolda opositora. Entre ellos, uno fundamental: hasta dónde arremeter contra un gobierno que ha dejado ver las costuras de su legitimidad, pero que sigue contando con el apoyo del 40 por ciento de la sociedad, lo cual, en el contexto de profunda crisis económica actual, en absoluto es poco.

Las discrepancias opositoras al respecto son conocidas hace tiempo y se agudizaron las últimas semanas: mientras que un sector duro, representado por el encarcelado Leopoldo López, pugna por desterrar cuanto antes a Maduro del Palacio de Miraflores, otro sector –comandado por Henrique Capriles– apuesta a un desgaste a largo plazo, esperanzado en que sea el gobierno chavista el que pague los costos de un ajuste económico que suponen a esta altura inevitable.

La elección de Henri Ramos Allup al frente de la asamblea, un viejo cacique de Acción Democrática quien difícilmente pueda encarnar las promesas opositoras de renovación y cambio, aseguraba en un artículo la semana pasada que en los próximos seis meses “crearán una solución constitucional para el cambio de gobierno”, lo cual hace pensar que la opción de forzar una salida anticipada del chavismo es la que tiene hoy por hoy más peso.

De todos modos, más allá de las especulaciones, la oposición jugará en el terreno legislativo un partido propio en el que definirá la correlación de fuerzas interna y, con ella, su margen de acción. En dicha contienda, importantes serán las presiones que ejercerán grupos de poder tanto nacionales –los empresarios nucleados en Fedecámaras principalmente– como extranjeros.

Para el gobierno, por su parte, empieza el período más difícil desde que Chávez ganó por primera vez en 1998. Las complicaciones suscitadas por la delicada situación económica –fruto del derrumbe del precio del crudo, de ataques especulativos exacerbados pero también de errores propios– corren riesgos de profundizarse sin el paraguas legislativo que brindaba el control de la Asamblea Nacional. Además de la arremetida mediática y económica, la gestión de Maduro enfrentará desde ahora también los embates de un poder legislativo dispuesto, como mínimo, a obstaculizar toda iniciativa oficialista. Pero no está todo perdido para el sucesor de Chávez: tiene a su favor, además de las potestades ejecutivas, una mayoría de gobernadores propios, un poder de movilización sin parangón y la fidelidad de las fuerzas armadas. El principal desafío pasa por recuperar la incitativa, saber leer las razones de la derrota electoral y tener los suficientes reflejos para realizar las rectificaciones necesarias. Aunque postergadas, las leyes económicas aprobadas la semana pasada son un buen indicio.

Comienza un tiempo político definitorio en Venezuela. Los próximos meses serán cruciales, entre otras cosas, porque permitirán ver hasta dónde la democracia en dicho país es capaz de contener las diferencias que un proyecto esencialmente transformador como el chavismo ha puesto sobre la mesa.

* Co-coordinador del libro Del no al ALCA a Unasur.