Desde Barcelona

Llegó el día en que, por primera vez, un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo. La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, entró ayer por la mañana –con gesto serio y sin hacer declaraciones a los más de ochenta medios nacionales e internacionales que la aguardaban– al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma de Mallorca, donde comenzó el megajuicio por malversación de fondos que, tras seis años de investigaciones, cuenta con dieciocho acusados y penas de más de cien años de cárcel.

Cristina de Borbón será juzgada por su relación con la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por su marido, Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del gobierno balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, así como fraude a Hacienda.

Como era de esperar, no bien iniciado el juicio, minutos después de las nueve de la mañana, tanto la Abogacía del Estado y el representante del Ministerio Público como las defensas particulares desplegaron sus argumentos para exonerar a la Infanta de los delitos que se la acusan. En primer lugar, el Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, solicitó el levantamiento de la acusación que pesa sobre la hermana del rey cuestionando la legitimidad del sindicato Manos Limpias, único en personarse como acusación. La carta con la que juega para desacreditar a la acusación popular es la de la llamada doctrina Botín –sentada por el Tribunal Supremo en 2007 para Emilio Botín, el presidente del Banco de Santander– que impide procesar a una persona por un delito que no sea de interés público si sólo acusa la acusación popular y no el perjudicado, en este caso Hacienda. “La única respuesta judicial posible para la infanta Cristina es el archivo de su imputación”, declaró Horrach durante su intervención en la Audiencia de Palma y señaló que otorgar legitimación a la acusación popular de Manos Limpias “supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada”. “¿Por qué en idénticas circunstancias ni un solo ciudadano se ha sentado en el banquillo y estas dos ciudadanas sí?”, profirió el fiscal anticorrupción en referencia a la Infanta y a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, acusada de un delito contra la Hacienda pública, al igual que Cristina de Borbón. Horrach dice defender “la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley” y, en ese sentido, garantizar la “no discriminación de nadie” y “devolver la justicia al lugar que le corresponde”.

Para ello asevera, del mismo modo que la defensa de la Infanta, que “la fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen” como principal sustento del sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón y desdeña que la Ley se aplique amparándose “en la manida frase ‘Hacienda somos todos’”, tal como lo postula el sindicato Manos Limpias.

La abogada del Estado, que defiende los intereses de la Hacienda Pública, también arremetió contra la acusación popular resaltando que el perjudicado en los delitos fiscales “es el erario público y no los ciudadanos en general”. En referencia a la expresión “Hacienda somos todos”, tan repetida durante el juicio, la magistrada insistió en que afecta “sólo al ámbito de la publicidad” y que se trata “solo de una frase publicitaria destinada a concientizar a los ciudadanos en su obligación de pagar impuestos”. En su opinión, “el delito contra la Hacienda pública protege sólo el patrimonio de la Hacienda pública y “es irrelevante o absurdo hablar de otro perjudicado”.

La letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, por su parte, reclamó que no se conceda un “privilegio de inmunidad” a la infanta Cristina –como a su juicio propugnan su defensa, la fiscalía y la Abogacía del Estado– y le reprochó a esta última que se arrogue “el monopolio” de la defensa de los intereses de la Hacienda Pública. Además, Negrete, que mantiene en solitario la acusación por colaboración de la Infanta en dos delitos contra Hacienda, subrayó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal equipara a la acusación popular con la particular en muchos preceptos, lo que a su juicio la legitima para acusar a la hermana del rey sin que lo hagan la fiscalía ni la Abogacía del Estado. Según explicó la abogada, “el Supremo se corrigió a sí mismo a los tres años de dictar la doctrina Botín ya que estableció que, si no hay perjudicado directo, la acusación popular puede sentar en el banquillo” y agregó que “la doctrina Atutxa modifica y reinterpreta la Botín, que se hizo para retorcer en privilegio del gran banquero”. Por último, la abogada de Manos Limpias esgrimió que dejar a su sindicato sin la posibilidad de ejercer la acusación contra la infanta sería “un retorcimiento” de la Ley que causaría un triple perjuicio a la Justicia, a la Corona y a la propia infanta porque si el tribunal decide que el juicio no continúe “no permitirá que doña Cristina se defienda y la estigmatizará socialmente”.

El objetivo de los tres abogados de la Infanta durante esta primera sesión centrada en las cuestiones previas es lograr que la Audiencia de Palma la exonere de los dos delitos de los que se la acusa y sólo la mantenga en la causa como responsable a título lucrativo del enriquecimiento ilícito de su marido (es decir, con responsabilidad civil pero no penal, tal y como pide la fiscalía). El tribunal tiene un plazo de un mes para resolverlo y si, por el contrario, confirma la legitimidad de Manos Limpias para acusar a la infanta en solitario, ésta declarará la última de todos los acusados, una vez finalicen las declaraciones de los otros 17 procesados que empezarán a comparecer desde el 9 de febrero, comenzando por el ex director general de Deportes del Gobierno balear José Luis Ballester y siguiendo por otras figuras del Partido Popular como el ex presidente de Baleares, Jaume Matas o el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

El juicio del caso Nóos –que se centra en el desvío de 6 millones de euros de fondos públicos, autorizado por altos cargos vinculados a un miembro de la familia real, Iñaki Urdangarin, y de su socio, Diego Torres, sin que hubiera ningún concurso público hacia, entre otros destinos, la sociedad matrimonial del primero con la infanta Cristina– se prevé que finalice el 30 de junio y defina así el gran escándalo de corrupción que culminó con la abdicación de Juan Carlos I y la retirada por parte de Felipe VI del título de duquesa de Palma a su hermana.