A Luis Carlos Hernández Sánchez se lo devoró el silencio y la impunidad. Al momento de su desaparición tenía 18 años y vivía con su familia en la ciudad de Cuauhtémoc, estado de Chihuahua, municipio mexicano con la cantidad de habitantes de Zárate que por su ubicación geográfica se transformó en ruta elegida por el narcotráfico para extender sus negocios desde el occidente septentrional mexicano hasta el sur de Estados Unidos. El 22 de mayo de 2010, el joven cuauhtemense conversaba con siete amigos cuando fueron secuestrados por hombres armados que llegaron al lugar en varias camionetas. Con el tiempo, los siete cuerpos sin vida fueron encontrados, pero de Luis Carlos no se supo nada más. Un noveno muchacho desapareció cuando iba al funeral de su hermano, cuyo cuerpo había sido identificado. En el documento “Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, al que tuvo acceso Página/12, Amnistía Internacional aborda la situación en Cuauhtémoc, también el caso de los normalistas de Ayotzinapa, y señala que al momento de publicar el informe, se desconoce el paradero de 27.000 personas en México.

La organización de derechos humanos sostiene que la crisis de derechos humanos que castiga al país azteca alcanza dimensiones epidémicas, y achaca ese contexto a la incompetencia que afecta a todo el sistema judicial, que se suma a una ausencia total de voluntad política por parte de las autoridades estatales y federales para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas. “Por desgracia, las desapariciones pasaron a ser algo tan habitual que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana”, sostuvo la directora del programa de AI para América, Erika Guevara-Rosas.

En ese sentido, el informe destaca que, a la fecha, no se lograron cambios estructurales significativos que permitan asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño ocasionado a las víctimas, ni tampoco se trabajó para poner fin y asegurar la no repetición de las desapariciones forzadas, crimen que se inscribe bajo la forma de arrestos, detenciones, secuestros o cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad que “sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la conformidad del Estado”, seguida de la “negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. De hecho, 46,5 por ciento de los casos reportados ocurrieron bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, 3425 de esos hechos fueron perpetrados el año pasado.

Aunque las estadísticas oficiales difundidos por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hablan de al menos 27.600 personas a las que el Estado mexicano llama “no localizadas”, AI pone el acento en que esas cifras deben ser tomadas con cautela, puesto que no desagregan cuántos de esos casos corresponden a desapariciones cometidas por agentes no estatales, cuántos de esas acciones se vinculan a desapariciones forzadas y en cuántos casos las personas se ausentaron por propia voluntad.

AI recomienda tipificar la de- saparición forzada y la desaparición cometida por actores no estatales de modo que todas las denuncias se investiguen exhaustivamente, con independencia de quien sea el autor, y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado cuando haya indicios de intervención de agentes estatales, sea por autorización, apoyo o consentimiento. Pide además iniciar de oficio y sin dilación la búsqueda dentro de las primeras 72 horas de la desaparición, pesquisa que debe continuar hasta establecer la suerte o paradero de la víctima.

De visita en México para acompañar la presentación del informe, Estela de Carlotto se refirió a las desapariciones forzadas en el país azteca. “México nos duele. Es el dolor de América latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente –sostuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo–. Los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 eran jóvenes que como tantos otros estaban indignados de una democracia que convive y permite la violencia más desgarradora financiada por el narcotráfico y la violencia institucional. El narcotráfico es la dictadura en México”, completó.

Como miles de mexicanos, Artemisa Ibarra y Martha Loya se abrazaron a la búsqueda de sus seres queridos, en Cuauhtémoc. En esa empresa a veces titánica, ellas mismas fueron víctimas de ese mal que encarna la violencia estatal y paraestatal. Entre 2011 y 2013 se las llevó la ignominia de un Estado borrado por el crimen organizado y la corrupción. Una línea de continuidad se traza entre las circunstancias de sus desapariciones y la lucha para que aparezcan con vida sus familiares. Al día de hoy, se desconoce el paradero y la suerte que corrieron ambas mujeres.