Tres diputados presentaron un proyecto para sancionar a quienes enaltezcan la figura del ex presidente Salvador Allende, derrocado por un golpe militar en 1973. Los legisladores pertenecen a la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos que más colaboró con la dictadura que sucedió al golpe.

La iniciativa de la derecha nace como respuesta al proyecto “Ninguna calle llevará tu nombre” presentado por la diputada comunista Karol Cariola, que propone prohibir la exaltación del dictador Augusto Pinochet y otros personajes que estuvieron vinculados a su régimen. El legislador de la UDI, Ignacio Urrutia, dijo que si Cariola retira su propuesta, él hará lo mismo. “La reconciliación tiene que venir de todos lados” afirmó el diputado, quien junto a Gustavo Hasbún y Jorge Ulloa impulsan que se castigue con presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 UTM (Unidad Tributaria Mensual, cerca de 4300 pesos argentinos) a quien reivindique a Allende.

La nieta del líder socialista y diputada Maya Fernández calificó de absurda y de falta de respeto la propuesta de sus pares de la UDI. “Me parece una falta de respeto comparar un gobierno democrático elegido en las urnas por los ciudadanos con una dictadura donde se violaron los derechos humanos.”

Ernesto Lejderman, hijo de desaparecidos del pinochetismo, dijo a Página/12 que esa iniciativa le recuerda que en 2014 familiares de las víctimas lograron frenar el intento de la UDI de rendir homenaje a Pinochet. “Planteamos que era una situación de apología al terrorismo de Estado y que no se podía homenajear a un genocida en el mismísimo Parlamento chileno.” Lejderman analizó la complejidad del caso chileno. “En Chile todo se ve desde la óptica del poder que tuvo la dictadura de más de 17 años, y que se afianzó en el poder fáctico muchos años más: Pinochet fue senador vitalicio y al día de hoy los militares tienen pensiones entre cinco y diez veces más importantes que las de un ciudadano medio chileno. El ejército recibe una porción importante de las regalías de Codelco (Corporación Nacional del Cobre).”

Desde Chile Vamos, la coalición a la que pertenece UDI y Renovación Nacional (RN), el presidente de RN, Cristián Monckeberg, descartó que la oposición apoye la propuesta en la Cámara baja. “La coalición tiene objetivos políticos mirando hacia adelante y no está pensando en meter preso a unos u otros porque levantan banderas de determinados líderes históricos del país.”

El abogado de derechos humanos Héctor Salazar Ardiles dijo a este diario que el proyecto de la UDI es “políticamente inviable en Chile”. “Estos tres congresistas le han abierto un flanco de críticas a su sector, el cual en el presente buscar rearmarse en una nueva alianza que quiere apartarse lo más posible de la sombra de Pinochet. La derecha política que busca hacerle creer a los chilenos de sus credenciales democráticas ha quedado en una posición muy incómoda y no puede explicar cómo da cabida a personajes como estos tres diputados.”

El gobierno de Michelle Bachelet ha dado señales de querer avanzar con la justicia por los crímenes cometidos durante el pinochetismo. Por ejemplo, tipificó la tortura como delito en la legislación nacional. Pero en Chile sigue abierto el penal de Punta Peuco, donde están detenidos militares y policías condenados por violaciones a los derechos humanos, pese a que familiares de las víctimas piden que se los traslade a una cárcel común y que no gocen de privilegios.

Y aún no se deroga el decreto-ley de Amnistía de 1978, en agenda en el gobierno de Bachelet. Hay quienes alegan que la amnistía no es más que una norma que lleva muchos años sin utilizarse, y en parte es así: en 1998 la Corte Suprema resolvió que la ley no debía aplicarse a casos de violaciones de derechos humanos.

Tal decisión permitió el avance de investigaciones cruciales sobre desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales.

El abogado Salazar Ardiles adscribe a esa postura. “La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de Justicia ya se ha uniformado hace bastante tiempo en el sentido de ignorar ese decreto e ir avanzando.” Y agrega una reflexión: “Pienso que nuestros tribunales en esta materia han sido mucho más decididos que las autoridades democráticas responsables de nuestro proceso de transición, las cuales han operado con el criterio fijado por el presidente Aylwin quien señaló en su momento que tendríamos justicia ‘en la medida de lo posible”. Sin embargo, la actual presidente Michele Bachelet piensa diferente. Para ella la amnistía forma parte de la pesada herencia aún vigente constitución pinochetista, al igual que el sistema bipartidista, la educación como bien de mercado o el sistema previsional privado. Los sucesivos gobiernos democráticos eludieron una discusión sobre la vigencia de la amnistía hasta que en 2014 Bachelet propuso un proyecto ley para derogarla. El proyecto lleva más de dos años debatiéndose en el Congreso y su futuro es incierto.

A casi 43 años del golpe de Estado en contra de Allende, persisten en Chile resabios del pinochetismo, resabios que reclaman mensajes claros y sobre todo las acciones de la clase política para seguir avanzando en el camino de la Verdad y la Justicia.

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