El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó revisar las legalidad del plan del presidente Barack Obama para suspender temporalmente la deportación de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados. El veredicto se espera para junio, cuando la campaña por la Casa Blanca ya se encuentre en la recta final.

Tras cerrar la semana pasada sus deliberaciones al respecto sin una decisión, el máximo tribunal del país anunció su intención de estudiar la apelación presentada por el gobierno de Obama para poder aplicar sus medidas migratorias, que debían haber entrado en vigor el año pasado. Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas en febrero pasado a raíz de una demanda presentada por 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas y que argumentan que el plan migratorio excede la autoridad que la Constitución otorga al presidente. Según el periódico The New York Times, el gobierno le pidió a la Corte que se mueva con rapidez para evitar que el programa “se congele”. El Supremo aceptó la solicitud y aparentemente los jueces escucharían los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre.

El asunto de la inmigración y, en particular, las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral. La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a las reformas impulsadas por el mandatario para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para cambiar el sistema migratorio.

El plan migratorio presentado por el mandatario en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA), cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes “dreamers” (soñadores) que llegaron a los Estados Unidos siendo niños acompañando a sus padres indocumentados. La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En febrero pasado un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener la suspensión. El gobierno, apoyado por una coalición de 15 estados favorables a las medidas migratorias, presentó entonces una apelación ante el Supremo. Si el Tribunal falla a favor del gobierno, el jefe de Estado tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no quiso especular sobre cuánto tiempo puede tomar la puesta en marcha de las medidas si el Supremo las avala, pero sí recalcó que el gobierno confía en la solidez de los argumentos legales que presentará ante el alto tribunal. Earnest reiteró, además, que el plan migratorio de Obama tendría un “impacto práctico y positivo” no solo para cientos de miles de familias, sino también para la economía nacional.

Obama se comprometió por primera vez en 2008, durante su primera campaña electoral, a cambiar el “roto” sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente en 2014 ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.

En tanto, activistas y organizaciones de indocumentados se acercaron a la Casa Blanca para celebrar la decisión del Supremo.

Por su parte, el Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia (ACLJ) anunció que presentará un escrito de “amicus curiae” ante el Supremo instando a que se mantenga el bloqueo de las medidas migratorias.

En estas últimas semanas la administración Obama fue criticada por activistas y políticos demócratas por el inicio de una campaña de redadas y la deportación de al menos 121 inmigrantes sin papeles, en su mayoría centroamericanos. En respuesta, el secretario de Estado, John Kerry, adelantó la semana pasada los planes de “expandir el programa de admisión de refugiados” para incluir a ciertos inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que huyen de la violencia en sus países de origen, con la colaboración de la ONU.