Desde Brasilia

Dirigentes del PT y sindicatos brasileños criticaron el retroceso de Petrobras en el nuevo marco legal.

Preocupación en el PT y los sindicatos brasileños luego de la aprobación en el Senado de un proyecto de ley tratado en régimen de “urgencia” que limita el campo de acción de Petrobras concediendo prerrogativas a las empresas multinacionales, las que desde hace años presionaban para ello. Lo que está en cuestión es quién se queda con las reservas gigantes situadas en el área geológica de “pre-sal”, en aguas ultraprofundas, que son la verdadera “joya de la abuela”, según la definición del senador petista Lindbergh Farias, uno de los que votó contra la propuesta que obtuvo media sanción.

La iniciativa fue presentada por José Serra, un senador aliado al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien había asumido ante ejecutivos de la petrolera Chevron el compromiso de derribar la ley estatizante de 2010, sancionada durante el segundo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Serra prometió a los petroleros norteamericanos erradicar la herencia lulista y sancionar una normativa que allane el retorno de las multinacionales con un modelo “de concesión” similar al puesto en vigor durante la administración de Cardoso (1995-2003). Diplomáticos estadounidenses destacados en Brasil mencionaron la promesa realizada por Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en cables enviados a Washington publicados por Wikileaks en 2013.

El proyecto privatizador votado el miércoles por la noche en una sesión tensa demuestra que el congresista del PSDB respetó la palabra empeñada ante Chevron.

La reacción de los trabajadores fue inmediata. “Los senadores aprobaron un proyecto de José Serra que privatiza el pre-sal, esto significa que el Senado renunció a la soberanía nacional y entregó el dinero invertido en pesquisas en el área de petróleo y gas por Petrobras”, denunció la Central Unica de los Trabajadores.

El tema seguramente estará en la agenda de la dirección del PT que se reúne hoy en el estado de Río de Janeiro, el mayor productor de petróleo del país.

El partido de Lula y la presidenta Dilma Rousseff “marchará al lado de las demás fuerzas progresistas, los movimientos populares y sindicales contra este ataque a la soberanía nacional y nuestro desarrollo independiente” anunció ayer Rui Falcao. El presidente petista repitió que no se aceptará ningún cambio en al sistema petrolero actual y denunció las maniobras que atribuyó al “entreguismo golpista”.

El marco legal en vigor conocido como “de partilha” o de participación, establece que Petrobras esté presente en todos los campos de aguas ultraprofundas, a más de 5.000 metros de profundidad, donde yacen entre 60.000 y 80.000 millones de barriles de petróleo y equivalentes, descubiertos entre 2007 y 2010. El hallazgo de esos yacimientos por parte de Petrobras, que invirtió cientos de millones en prospección, representó una vuelta campana en la ecuación energética de Brasil, el gigante industrial de América latina que tenía como su costado vulnerable la falta de reservas cuantiosas.

La actual normativa (que puede ser reemplazada por la votada en el Senado) fue redactada hace seis años bajo la supervisión de la entonces jefa de gabinete y experta en energía, Dilma Rousseff, quien alegó que en ningún país del mundo las reservas constatadas son cedidas a firmas extranjeras pues se trata de un negocio sin riesgo.

Además se permite que Petrobras integre consorcios con multinacionales pero si lo hace la operación de los campos queda en manos de la empresa local. Con esto la ley de 2010 garantiza que Brasil decida qué zona se explota, si el crudo será exportado o será destinado al mercado interno lo cual permite, en hipótesis, graduar el precio con alguna independencia de las turbulencias internacionales.

Unido a lo anterior la norma establece el compre nacional obligando a que las sondas, navíos y equipamientos sean en un 60% nacionales, con lo cual fue reactivada la industria naval que a principio de la década pasada se encontraba en estado terminal.

Si la media sanción de la privatización, parcial, de la explotación petrolera abrió un nuevo y previsible, duelo entre el PT y el PSDB, también generó fisuras dentro del oficialismo.

Resulta que en la tarde del miércoles pasado, cuando se comprobó que el frente conservador iba a obtener los votos necesarios en el Senado, desde el Gobierno se ordenó pactar con la oposición para aprobar un texto intermedio en el que se habilita el ingreso de las privadas en los yacimientos del presal, pero Petrobras conserva el derecho de decidir si se queda con el campo en cuestión. Una fórmula anfibia que fue recibida de mal grado por los legisladores oficialistas.

El nuevo marco legal petrolero, que finalmente obtuvo media sanción gracias al consenso entre el gobierno y la oposición, agravó la crisis entre Dilma y el PT, cuyos dirigentes criticaron el retroceso de Petrobras. “El cambio de la posición del gobierno nos dejó perplejos y desarmó nuestra lucha...fue pésimo el acuerdo del gobierno con el PSDB porque causa un declaró el senador Lindbergh Farias.

Y no hablaba a título personal ,porque la indignación en el bloque petista era generalizada.

Los encontronazos entre el Palacio del Planalto y el partido se han agravado en las últimas semanas: y si antes eran comentados entre bambalinas el caso Petrobras hizo que se tornen completamente públicos.

Trascendió ayer en Brasilia que hubo conversaciones entre emisarios de Dilma, que hoy era esperada en Chile, y dirigentes petistas para evitar que las discrepancias alcancen un nivel alto justamente un día antes de los festejos por los 36 años de la agrupación que se celebrarán mañana en Río de Janeiro.