El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont, rompieron ayer dos años de enfrentamiento con la reanudación de un tímido diálogo. Atrincherados ambos en sus posiciones, constataron que no hay margen para un acuerdo que permita a los catalanes votar en un referéndum sobre la secesión de España.

En un ambiente distendido entre apretones de manos y sonrisas, Rajoy recibió a Puigdemont en el Palacio de La Moncloa, sede del gobierno español en Madrid, durante dos horas y veinte minutos. Es el primer encuentro desde que el dirigente independentista catalán asumiera el gobierno de la norteña región en enero. La última reunión de este nivel se remonta a julio de 2014, cuando Rajoy se juntó con el entonces presidente catalán Artur Mas, quien le pidió un referéndum de independencia, al que el mandatario español se opuso férreamente. “El ha mantenido su posición y yo he mantenido la mía”, resumía después Rajoy en una rueda de prensa, totalmente inesperada e inusualmente larga, que parecía concebida para solaparse en los canales de televisión frente a la que el presidente catalán ofrecía en otro lugar de Madrid.

El referéndum era el primer punto de una lista de 46 ítem presentada por Puigdemont, que acaba de cumplir sus primeros cien días en el cargo tras ser investido en enero como sustituto de Mas, el impulsor del proceso independentista catalán. Aunque los dos dirigentes se pusieron de acuerdo en discutir algunos de esos puntos, que incluyen desde políticas sociales hasta financiación regional, en una reunión que mantendrán sus vicepresidentes la próxima semana. “Hay temas en los que nos podemos poner de acuerdo y temas en los que no”, dijo Rajoy que bajó las expectativas sobre esta reanudación de los contactos. “Es un pasito”, consideró por su parte Puigdemont. “Y en este tiempo, en que nosotros estamos recorriendo la última milla, los pasitos sirven para lo que sirven, pero no sirven para mucho”, agregó.

Rajoy acepta este nuevo diálogo, aunque resulta tímido y poco esperanzador. Es un momento difícil para su formación, el conservador Partido Popular, ante la perspectiva de unas nuevas elecciones legislativas en junio en las que el independentismo catalán copará buena parte de la campaña política. “Me ha escuchado atentamente, pero me ha transmitido claramente que no hay posibilidad de acuerdo. Rajoy está a las antípodas de mis planteamientos”, afirmó Puidgemont. “Vamos a defender la unidad de España, la soberanía nacional y también la igualdad de los españoles”, repitió Rajoy en la conferencia de prensa.

Hace dos años, el desencuentro entre Rajoy y Mas había iniciado una escalada de tensión. Mas había presentado una lista de 23 peticiones, pero ninguna recibió respuesta de Madrid. En noviembre de 2014, el ejecutivo catalán impulsó una votación simbólica sobre la independencia prohibida por Madrid, que terminó con una querella judicial contra Mas y tres miembros de su gobierno. En las elecciones regionales de septiembre de 2015, los independentistas consiguieron la mayoría absoluta del parlamento regional. Poco después aprobaron una moción que impulsaba una hoja de ruta de secesión en 18 meses y declaraba su insumisión a las instituciones españolas. Sin embargo, Mas se tuvo que retirar para facilitar un acuerdo de gobierno entre su coalición y la izquierda radical secesionista. Puigdemont, a priori más independentista, imprimió un tono moderado a sus reivindicaciones. La hoja de ruta separatista contemplaba en principio declarar la independencia en 18 meses. Sin embargo, en las últimas semanas, el presidente catalán matizó el mensaje: “Ahora el objetivo es preparar los órganos administrativos necesarios para situar a Cataluña a las puertas del Estado propio”.

El objetivo de Puidgemont es llevar a la norteña comunidad de España, de 7,5 millones de habitantes y que representa la quinta parte del PBI español, hasta la independencia mediante un proceso que requiere adoptar medidas para desarrollar las estructuras del nuevo Estado así como una Constitución. En el camino, los independentistas reconocen que deberán desobedecer las leyes españolas. Sin embargo, los principales impulsores del proceso están dispuestos a abandonar esta vía si existe la posibilidad de celebrar un referéndum, reclamo que apoya la gran mayoría de catalanes, aunque no estarían a favor de la serpación según encuestas.

“Están empezando a tomar conciencia del principio de realidad. Es evidente que en 18 meses no habrá independencia”, opina el analista político Josep Ramoneda, quien subraya la delicada situación financiera del gobierno regional: su deuda está calificada como bono basura, no puede financiarse en los mercados y su liquidez depende de los préstamos del ejecutivo español con quien quieren romper. Para Ramoneda, tampoco disponen de un apoyo indiscutible. En las elecciones del 27 de septiembre sólo obtuvieron 48 por ciento de votos y su mayoría absoluta en el parlamento depende del voluble apoyo del pequeño partido radical Candidatura de Unidad Popular.

Por ello, según el analista lo que buscan es aumentar sus votantes con un programa muy social, con medidas contra los desalojos, los cortes de suministros en hogares vulnerables y mayor inversión en servicios públicos, que contrastan con el ajuste aplicado en Madrid.