Los fiscales que actúan en la operación Lava Jato (que investiga los posibles casos de corrupción en Petrobras), en Curitiba, tienen la convicción de que las acusaciones contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva no muestran indicios suficientes para justificar su encarcelamiento.

Esa opinión es producto de las investigaciones ya realizadas por la Policía Federal y también de las motivadas por la denuncia hecha contra Lula por el Ministerio Público de San Pablo, informó ayer el diario Hora Cero.

Los fiscales están decididos a actuar con cautela. Primero porque no existen, a su entender, indicios que justifiquen la prisión para el ex presidente. Los funcionarios admiten que Lula no movió dinero al exterior ni intentó eliminar pruebas, como ocurrió con otros acusados de corrupción en la operación Lava Jato.

Para los investigadores, el único indicio contra Lula que podría justificar un pedido de prisión sería la tentativa de nombrarlo ministro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete), hecha por la ahora suspendida presidenta Dilma Rousseff.

Pero el principal indicio de que su nombramiento era para “protección” de Lula fue un diálogo telefónico entre él y Dilma interceptado por la Policía Federal, que fue invalidado por el Supremo Tribunal Federal (STF, equivalente a la Corte Suprema), lo que hirió mortalmente el argumento de que Lula interfirió en Lava Jato y, sobre todo, impide su uso como fundamento para encarcelarlo o procesarlo.

El tema preocupa a quienes promovieron el juicio político a Rousseff, porque el popular ex presidente sigue encabezando las preferencias electorales, según todas las encuestas.

Por su parte, el ex presidente solicitó ayer a la Fiscalía General de Brasil que investigue al juez Sergio Moro por abuso de autoridad.

Moro es juez del Tribunal Federal de Curitiba y, por lo tanto, responsable de la mayor parte de las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras, que ha salpicado a multitud de empresas y políticos, entre ellos, el propio Lula.

De acuerdo con la defensa del ex mandatario, Moro habría violado la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando el pasado 4 de marzo ordenó que Lula fuera llevado a una comisaría para prestar declaración, de forma coercitiva, mientras agentes policiales y judiciales allanaban su casa y las de algunos de sus familiares.

Asimismo, los abogados de Lula criticaron que el juez autorizara la grabación y la filtración de unos audios entre el ex presidente y la presidenta (actualmente suspendida) Rousseff.

“Las ilegalidades, arbitrariedades y filtraciones constituyen no sólo actos aislados, sino una estrategia definida para incriminar a Lula y a sus familiares”, señaló la defensa en el recurso.

En estas grabaciones, Rousseff daba a entender que el nombramiento de Lula como ministro de su gabinete, a mediados de marzo pasado, podía responder a su situación judicial, ya que su objetivo sería darle a su padrino político el fuero privilegiado que no tenía en ese momento.

Este nombramiento, pese a que Lula no llegó a tomar posesión del cargo, provocó que la causa sobre el ex presidente pasara a manos del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el lunes último, Teori Zavascki, magistrado de la Superior Tribunal Federal, devolvió la investigación al Tribunal Federal de Curitiba al entender que Lula carece de esos fueros, por lo que debe ser juzgado en primera instancia.

En tanto, el ex ministro de Hacienda Nelson Barbosa insistió ayer en que el juicio político abierto contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, carece de “toda base legal”, en su intervención ante la comisión del Senado responsable del proceso.

Barbosa, quien fue titular de Hacienda entre el 18 de diciembre de 2015 y el 12 de mayo pasado, cuando Rousseff fue suspendida de sus funciones, compareció como testigo de la defensa y presentó una exhaustiva explicación técnica sobre las supuestas maniobras fiscales que han dado pie al juicio de destitución.

La acusación se basa en decretos que alteraron los presupuestos que Rousseff firmó sin la debida autorización del Congreso y en una serie de atrasos en los pagos de compromisos del gobierno con los bancos públicos, que generaron una abultada deuda que fue omitida de los resultados de los años 2014 y 2015.

Según Barbosa, esos decretos están previstos en las leyes referidas al manejo de los presupuestos y fueron aprobados por las cámaras legislativas, aunque admitió que el visto bueno del Congreso fue dado meses después de que fueron firmados e incluso ejecutados.

También insistió en que no hubo “ninguna irregularidad” en las relaciones del gobierno con la banca pública y negó que las deudas acumuladas constituyeran créditos, como sostiene la acusación por el hecho de que acabaron generando elevados intereses.

Barbosa admitió los atrasos, que comenzaron en 2013, se agravaron en 2014 y continuaron, aunque en menor medida, en 2015, y los explicó por una fuerte caída de la recaudación tributaria, que hizo mella en la capacidad del gobierno de honrar esas deudas.

Según el Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado, esas deudas se originaron en la decisión del gobierno de no depositar en la banca pública, usada como agente de pago, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos agrícolas, entre otras obligaciones.

Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que en 2014 cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 11.600 millones de dólares) y en 2015 se mantuvo en niveles similares, aunque fue cancelada casi en su totalidad a fines de ese año.

La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara alta, volverá a reunirse la semana próxima para continuar escuchando testigos de la defensa y la parte acusadora.

La fase procesal concluirá a fines de julio, cuando el instructor de la comisión presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada.

Ese informe será sometido entre los días 1º y 2 de agosto al pleno del Senado, que deberá decidir por una mayoría simple de 41 votos –entre sus 81 miembros– si la causa prosigue.

Si así fuera, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien comparte la responsabilidad del juicio con el Senado, deberá convocar al pleno de la Cámara alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto.

En esa definitiva instancia, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios de los senadores (54 votos).

En ese caso, el presidente interino, Michel Temer, que sustituye a Rousseff desde el pasado 12 de mayo, debería completar el mandato que vence el 1º de enero de 2019, pero si la mandataria es absuelta retomará el cargo una vez que se publique la sentencia.