Dos ex ministros de la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, comparecieron ayer ante la comisión del Senado que la somete a un juicio político y rechazaron que haya cometido algún fraude que justifique su destitución. La comisión responsable del proceso escuchó los testimonios del diputado Gilberto José “Pepe” Vargas, ex titular de las carteras de Derechos Humanos y de Desarrollo Agrario, y de la ex ministra de Planificación y ex presidenta del banco público Caixa Económica Federal Miriam Belchior. Ambos fueron convocados por la defensa de Rousseff y ratificaron que las supuestas maniobras fiscales que motivaron la apertura del juicio político son parte de los manejos contables habituales de cualquier gobierno en Brasil.

Según la acusación, Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales, como la contratación de créditos para el gobierno con la banca pública y emisión de decretos que alteraban los presupuestos sin la necesaria autorización del Congreso. Tanto Belchior como Vargas insistieron en que esas prácticas han sido “comunes” en la administración pública brasileña, tanto en los ámbitos nacional y regional como municipal, y negaron que puedan ser interpretadas como un “delito de responsabilidad”, que es como define la Constitución las causas para destituir a un mandatario. Belchior también aseguró que los decretos mediante los cuales se modificaron los presupuestos aprobados por el Congreso no aumentaron el gasto público, como sostiene la acusación, pues se usaron para darles destino a “excedentes fiscales” no previstos en el cálculo inicial. “Al menos durante los últimos 15 años esos excedentes se trataron de la misma forma y nadie lo penalizó, pero ahora, de repente, hay una hecatombe por eso”, declaró Belchior.

La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara alta, seguirá escuchando testigos de la defensa a lo largo de toda esta semana.