Desde Brasilia

La respuesta (revancha) judicial no se hizo esperar. Un día después de que Luiz Inácio Lula da Silva denunció ante la ONU ser víctima de la arbitrariedad del juez Sergio Moro, a cargo de la causa por el “Petrolao”, un juzgado de Brasilia abrió una causa en su contra que de prosperar, podrá impedirle postularse en las elecciones de octubre de 2018.

Al tomar conocimiento de la decisión del magistrado de la primera instancia brasiliense Lula explotó. “Ya me cansé (…) yo ya se cual es el objetivo de todo esto, quieren sacarme de la carrera presidencial”.

Durante un encuentro organizado por el sindicato de los bancarios en San Pablo, con el aval de la Central Unica de los Trabajadores (CUT), Lula avisó que va a plantar cara ante el asedio judicial. “Les voy a confesar algo, cuando ocurren estas provocaciones me da un escozor” y más voluntad de seguir en la pelea, desafió el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y la CUT.

Se trata del dirigente con mayor intención de voto según las encuestas de los últimos meses, a pesar del desgaste de la imagen de Lula debido a las denuncias judiciales y mediáticas en su contra. “Lo único que pido es respeto, que la prensa no me juzgue y me condene a través de los titulares” afirmó.

El juez federal Ricardo Soares Leite abrió ayer un proceso contra Lula al hacer lugar a la denuncia presentada hace meses por la Procuraduría Genera de la República que lo acusa de intentar silenciar a Néstor Cerveró, un ex ejecutivo de Petrobras condenado por corrupción. Esta es la primera vez que Lula es procesado, pero no se descarta que en cualquier momento se le inicie otra causa, esta vez en el foro federal de Paraná donde despacha Moro, o “super Moro” como lo apodaban en las marchas multitudinarias por el “impeachment” de la presidenta suspendida Dilma Rousseff.

El caso es que Lula se convirtió en sospechoso en un proceso en el que también fue acusado el ex senador Delcidio de Amaral, que fuera jefe de la bancada oficialista durante el gobierno dilmista. Lula y Amaral son sospechados de haber intentado convencer a Néstor Cerveró que desista de revelar ante la justicia la red de sobornos y contratos amañados montado en perjuicio de la estatal Petrobras. El ex senador, ex miembro del PT y antiguo aliado de Lula, Delicidio Amaral, fue grabado cuando ofrecía favores para que Cerveró mantuviera silencio. Finalmente Cerveró entregó esa grabación a la Justicia y fue beneficiado con la “delación premiada” .

Otros procesados por “obstruir a la Justicia” son el empresarios Carlos Bumlai y el banquero André Esteves, que habrían demostrado su intención de financiar una supuesta fuga del ex gerente de negocios internacionales de Petrobras Cerveró. Así, el ex gerente Cerveró, a quien se le descubrieron decenas de millones de dólares cobrados por coimas, fue beneficiado con la libertad, de la que goza en su mansión del interior de Rio de Janeiro.

Transcurridos dos años y tres meses de iniciada la publicitada causa “Lava Jato”, sobre las estafas contra Petrobras, los ejecutivos “arrepentidos” purgaron penas que por lo general no superaron el año de prisión y fueron liberados como recompensa a las acusaciones que, en general, imputan a dirigentes del PT. Si las delaciones incluyen a Lula los condenados reciben sus premios mayores. Igual que ocurrió meses atrás, cada vez que Lula asume alguna iniciativa política, varios jueces actúan en colusión, sincronizadamente, para neutralizarlo.

En marzo, cuando Dilma lo designó jefe del gabinete, el juez Moro entregó al grupo Globo una grabación obtenida ilegalmente, en la que la presidenta y su correligionario acordaban adelantar el nombramiento. La interpretación oblicua de la conversación y su reproducción incompleta, avivó la ira de las clases medias, que salieron a las calles pidieno la guillotina contra Lula y todos los petistas. Simultáneamente varios jueces de diferentes estados ,incluso de Brasilia, movieron acciones para impedir que el líder petista asuma como ministro, y finalmente nunca pudo ocupar su puesto en el gabinete.

Las violaciones de la privacidad de Lula y la parcialidad de los jueces están entre los fundamentos de la denuncia presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el abogado Robertson, especializado en las cortes internacionales, que defendió al escritor indio Salman Rushdie y al fundador de Wikileaks, Julian Assange.