El Senado brasileño aprobó por amplia mayoría someter a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio de destitución. La decisión la deja en la antesala de perder su mandato y de terminar un extenso ciclo de la izquierda al frente de Brasil.

En una sesión que duró más de 15 horas y terminó en la madrugada de ayer, la acusación de que la primera mujer en presidir el país latinoamericano violó la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso, recibió un fuerte apoyo de 59 votos a favor y 21 en contra. Rousseff quedó ahora a una sola votación de perder el poder cuando aún le restan más de dos años de mandato. La presidenta suspendida dijo a sus allegados, según medios de Brasil, sentirse decepcionada por el resultado de la votación en el Senado. Sin embargo, el presidente interino Michel Temer dijo a sus colaboradores luego de ver el resultado: “La votación ocurrió dentro de lo calculado”.

Rousseff está supendida desde el 12 de mayo, responsabilizada por la crisis económica que golpea al país y con su partido ametrallado por acusaciones de corrupción. El holgado resultado preanuncia un escenario difícil en la etapa final del juicio, prevista para comenzar el próximo 25 de agosto, cuatro días después del cierre de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, y que debería durar unos cinco días.

“Demuestra una expresiva mayoría e indica que en este proceso tan discutido en el Senado ya hay una posición definida. Es muy difícil que haya algún hecho que pueda cambiar esto’’, dijo el senador Romero Jucá, pilar del gobierno interino que sucedió a Rousseff, liderado por su vicepresidente Temer. El heterogéneo arco opositor del Congreso que articuló el impeachment logró cuatro votos más que cuando el proceso fue admitido para ser analizado, y cinco más que la mayoría especial de dos tercios (54) necesarios para la destitución definitiva al final del juicio político. Jucá, de la fuerza de centro-derecha Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que conduce Temer, convertido en enemigo acérrimo de Rousseff tras saltar a la oposición, aseguró que la presidenta perderá su cargo entre el 28 y el 29 de agosto.

El Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, una leyenda de la izquierda latinoamericana, afirmó que el juego no terminó. “La posición definitiva de cada uno se va a consolidar la semana anterior a la votación. Hasta ese momento continuaremos luchando. No vamos a desistir’’, dijo el senador Humberto Costa, líder del partido en la Cámara alta. La defensa, en manos del ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, pidió la absolución de la presidenta y cuestionó el potencial castigo de la pérdida del mandato. “Un presidente de la República sólo puede ser separado de su cargo si hay un atentado contra la Constitución. Debe ser un crimen mayor’’, aseguró Cardozo. El abogado dijo que está bajo análisis si la mandataria asiste al día de la sentencia para defenderse en primera persona.

Mientras tanto, Temer, de 75 años, busca asegurarse la presidencia hasta el 31 de diciembre del 2018, cuando debía terminar el mandato de Rousseff. Llamado presidente en ejercicio o presidente interino, pidió acelerar el impeachment porque dijo que la gente necesita saber quién es el presidente y planea ir a la cumbre del G20 en China en septiembre liberado de adjetivos.

Rousseff, una ex guerrillera marxista de 68 años reelegida en 2014 para un segundo mandato, salió del Palacio de Planalto con niveles mínimos de popularidad y enfrentada con un Congreso que le frenó un ajuste fiscal con el que esperaba reencaminar la economía, que marcha hacia su primer bienio recesivo desde los años 30. Denuncia ser víctima de un golpe articulado por Temer, también muy impopular pero con apoyo parlamentario, y si es sentenciada quedará inhabilitada para postularse o ejercer cargos públicos por ocho años. Recluida en la residencia presidencial, prepara la publicación de una carta donde se comprometerá a convocar un plebiscito para adelantar las elecciones. Si pierde el poder, se convertirá en el segundo presidente en caer a manos del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor, que votó por destituirla.

Además, la mandataria planea realizar un largo viaje de alrededor de ocho meses por América Latina y Europa si el Senado decide finalmente su destitución, según adelantaron ayer medios brasileños. Su idea es realizar un viaje posiblemente en auto por Europa, además de recorrer algunos países de la región. En sus posibles recorridos están Uruguay y Chile, donde tiene amigos como el ex presidente José Mujica y la actual mandataria Michel Bachellet.

Por su parte, el PT pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) una decisión urgente para frenar el juicio político contra la presidenta. Los diputados del PT intentan jugar la carta internacional al denunciar un golpe de Estado contra la mandataria suspendida, bajo el argumento de que el Superior Tribunal Federal de Brasil no acogió todo el derecho de defensa de ella. “Estamos viviendo un golpe de Estado con la participación de la Cámara de Diputados, el Senado y la omisión del Poder Judicial y es por eso que buscamos auxilio institucional en la comisión internamericana”, dijo Waldir Damous, diputado del PT y reconocido jurista, al lado de sus pares Paulo Pimenta y Paulo Teixeira. El pedido tuvo además la colaboración del jurista argentino Damián Loreti.

De acuerdo con la presentación hecha al organismo humanitario de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada por los diputados del PT en la cual aparece como víctima Rousseff, el Supremo Tribunal Federal (STF) se apartó de sus mandatos para acoger los recursos de la mandataria sobre los vicios del proceso. Uno de los argumentos es que no se respetaron las garantías de defensa ni fueron tomados en cuenta para la acusación la opinión de especialistas y autoridades que no vieron delitos de Rousseff en la ley fiscal, por la readecuación presupuestaria realizada en 2015. “Dilma no cometió delitos, no es investigada en ningún tribunal del país. El juicio político ocurrió por una venganza, en un claro caso de obstrucción de la justicia”, dijo el diputado Teixeira, durante una conferencia de prensa en la cámara baja.

La denuncia incluye el denominado “desvío de finalidad” como argumento, porque en diciembre, Eduardo Cunha, entonces jefe de Diputados, abrió la denuncia contra Rousseff, a pedido del partido socialdemócrata, hoy socio de Temer, porque el Gobierno se negó a protegerlo de las investigaciones por corrupción en la red de constructoras y empresas estatales como Petrobras.