Desde Brasilia

Después de la democracia. Separada de la Presidencia desde mayo, Dilma Rousseff pelea, respaldada en argumentos legales, para retornar al cargo aunque esté advertida de que se trata de una causa perdida: en Brasil ya rige un estado de excepción aun antes de la formalización del golpe prevista para fin de mes. El poder de facto acabó con las garantías judiciales de un país que suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, que lo obliga a acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Detrás el biombo desinformativo favorecido por las Olimpíadas, el Senado sobreactúa la coreografía institucional para concluir el golpe iniciado en abril en Diputados. Durante sesiones que dejaron de ser televisadas por las grandes cadenas privadas y concluyen a la madrugada, cuando prácticamente nadie los ve a través de Internet, la semana pasada 59 congresistas conchabados con el presidente interino Michel Temer aprobaron la apertura del impeachment, que prometen tramitar con urgencia bajo el argumento de que el país necesita terminar cuanto antes para volver a la “normalidad”.

“Ya no se aguanta más esta cantinela… está escrito en los salmos que se terminó, que esta historia de la Presidenta se terminó, ya está afuera” sermoneó el pastor evangélico y senador Magno Malta, miembro de la tropa de choque golpista. “Mi voto ya fue decidido hace mucho, no me lo van a cambiar con nada”, abunda Malta, echando mano de un argumento replicado por otros congresistas que, pese a ser jueces del tribunal formado en el Congreso para el juicio político, reconocen de antemano que condenarán a la acusada, violando el derecho a un proceso justo.

Igual que ocurrió en la Cámara Baja con el malón de diputados acarreados por el “Boss” Eduardo Cunha, el hombre al que sigue obedeciendo Temer, como se publicó en los medios de este fin de semana.

Sacco y Vanzetti

Por sus arbitrariedades, el juzgamiento contra Dilma en el Senado recuerda al proceso que en 1927 llevó a la silla eléctrica a los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti en Estados Unidos, comparó el defensor de Dilma, José Eduardo Cardozo, que el viernes presentó un escrito de 673 páginas ante el Senado.

Cardozo aseguró que no tirará la toalla ni en el tribunal extradordinario formado en el Cámara alta ni en el Supremo Tribunal Federal, donde fueron rechazadas casi todas la apelaciones. La última fue para suspender el proceso debido a las denuncias de que Temer recibió el equivalente a unos tres millones de dólares ilegales de la constructora Odebrecht para financiar campañas electorales.

Si esa acusación fuera confirmada, constituirá un indicio, en realidad otro de muchos, de que tanto Temer como su correligionario Eduardo Cunha y el grueso de los senadores quieren acelerar el fin de la causa para después firmar un pacto de impunidad entre ellos.

Más: 35 de los 81 miembros de la Cámara alta estarían en la misma lista de cobros ilegales que incluye a Temer, de acuerdo con informaciones citadas por el senador Roberto Requiao.

Si les restara algo de decoro, esos 35 parlamentarios sospechados deberían declararse “impedidos” de juzgar a una persona “honesta como es Rousseff”, bramó el nacionalista Requiao cuando fundamentó su voto contra el impeachment.

Algunos medios publicaron que una vez depuesta la presidenta podría votarse una ley de amnistía que alcanzaría a todos los políticos envueltos en corrupción, menos a los del PT. Una versión que no fue confirmada oficialmente.

Cortes internacionales

Debido a la falta de garantías en el Congreso y a las reiteradas omisiones del Supremo Tribunal Federal ante las apelaciones para garantizar un proceso justo contra Rousseff, la presidenta votada por “54 millones de ciudadanos, es inevitable” apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar el impeachment, declaró a la prensa el abogado Wadih Damous, diputado del PT que firmó junto a otros colegas un pedido ante ese organismo vinculado con la Organización de Estados Americanos. Los petistas contaron con la asesoría del jurista argentino Damián Loreti, reconocido experto en derecho internacional.

Ocurre que junto con el fin del gobierno electo, el golpe eliminó lo que restaba de independencia judicial y fortaleció a los jueces que adhieren a la causa destituyente contra Dilma y el hostigamiento contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que de ser condenado por cualquier causa quedará imposibilitado de presentarse en los comicios de 2018, en los que aparece como favorito según varias encuestas.

Diez días atrás los abogados de Lula ya habían denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas los atropellos de los cuales es víctima en el juzgado donde se tramita el caso Petrolao, a cargo del juez Sérgio Moro.

Ayer, desde la oficina de prensa del ex mandatario anticiparon que ampliarán la denuncia ante la ONU incluyendo nuevas evidencias de la “cacería judicial” en marcha.

Es posible entonces que las anomalías jurídicas brasileñas sean ventiladas en los estrados de la OEA y la ONU, agregando otra mancha a un régimen que no ha conquistado credibilidad en los grandes medios internacionales y es mirado de soslayo por varios gobiernos, especialmente del grupo Brics y de varios países latinomericanos que brillaron por su ausencia en la ceremonia de apertura de los Juegos el 5 de agosto.

Y los 18 presidentes y jefes de Estado que asistieron a la ceremonia, contra los 84 que estuvieron en Beijing en 2008, corroboraron la desaprobación de Temer puesta de manifiesto en la rechifla que le dedicó el público del Maracaná.

Periodistas y visitantes extranjeros también fueron testigos de los bastonazos y gases lacrimógenos de la policía militarizada contra los manifestantes que lo repudiaron aquel 5 de agosto, paliza repetida el viernes pasado cerca del estadio Engenhao, de Río de Janeiro y en las protestas realizadas en San Pablo.

“Reprimir las manifestaciones y las protestas en Río de Janeiro y en San Pablo son golpes contra la democracia” denunció ayer Dilma, en declaraciones ocultadas por la mayoría de las emisoras privadas de radio y televisión.

A caballo del marketing nacionalista de los Juegos, se procura imponer la agenda golpista, que exalta la “armonía” autoritaria propuesta por Temer, censura las protestas en los estadios y ningunea al golpe.

Una atmósfera represiva comienza a impregnar la vida cotidiana haciendo que los disidentes perciban los riesgos de desafiar al Estado.

El próximo domingo, en la ceremonia de clausura de los Juegos, se verá si el público vuelve a repudiar a las autoridades que no votó y mostrar las cartulinas escritas a mano con la consigna “Fuera Temer”.