La campaña política hacia la realización del plebiscito por la paz comenzó con advertencias lanzadas desde el gobierno de Juan Manuel Santos, de que un No en el plebiscito vinculante enterraría el proceso. El jefe del equipo negociador que representa al Ejecutivo en el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Humberto de la Calle, aseguró ayer que sería equivocado volver a discutir el acuerdo según el resultado del plebiscito. “Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error. Ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un período de incertidumbre”, sostuvo De la Calle.

“Sería un giro al pasado. No quiero imaginarme la enorme decepción nacional. Vendría un sentimiento de impotencia, de calamidad, de pesimismo que afectaría el desarrollo de nuestra nación. Pasado el ejercicio electoral, nos sentiríamos presos del pasado”, vaticinó el funcionario.

Antes de viajar a La Habana para participar de una nueva ronda de diálogo, el funcionario señaló que después de una experiencia de casi cuatro años, no hay espacio para reabrir las negociaciones. “Es mi opinión. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión”, dijo sobre la consulta que se hará en una fecha aún no definida para que los colombianos manifiesten si apoyan o no lo que se acuerde con la guerrilla en Cuba.

El presidente Juan Manuel Santos había señalado que un eventual triunfo del No significaría el fracaso del proceso de paz con las FARC, pues el resultado del plebiscito es vinculante. De la Calle coincidió con Santos y afirmó que quienes creen que votando por el no obligarían a la reapertura de las negociaciones, están equivocados. El jefe del equipo negociador hizo la declaración en el palacio de Gobierno en Bogotá antes de partir a La Habana para otro ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla colombiana, que discuten los últimos puntos del proceso de paz.

El jefe de la delegación del Gobierno dijo que Santos les ha dicho que el diálogo se debe acelerar para firmar el acuerdo de paz lo más pronto posible. Según De la Calle, las partes se dedicarán en los próximos días a seguir discutiendo los puntos que quedan por cerrar, entre ellos, los detalles de la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen y la forma en la que se reincorporarán a la sociedad civil. Para cumplir con ese cometido, el representante del Gobierno afirmó que al equipo negociador en La Habana se sumarán el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, y el director de la Agencia para la Reintegración, Joshua Mitrotti.

Asimismo, dijo que la ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín, quien interviene como negociadora desde hace varios meses, tendrá una presencia más permanente en los diálogos que tienen lugar en la capital cubana. El Gobierno de Santos y las FARC negocian desde noviembre de 2012 en Cuba, donde pudieron consensuar y llegaron a acuerdos sobre desarrollo agrario, la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, el combate a las drogas, la atención a las víctimas del conflicto y un sistema de justicia transicional, entre otras cuestiones.

El 23 de junio se firmó un acuerdo trascendental mediante el cual los sectores en disputa se comprometieron a acabar con el conflicto armado, que empezó en 1964 y que mantiene a las FARC como la organización guerrillera más antigua de Latinoamérica. Ese acuerdo obliga a ambas partes a respetar el alto el fuego definitivo y el abandono de las armas.

En este sentido, el domingo pasado concluyeron las visitas técnicas encabezadas por una misión de verificación que se encuentra integrada por miembros de Naciones Unidas, las Fuerzas Militares y las FARC a los 31 lugares de Colombia en los que se concentrarán los 8.000 miembros de las FARC, en 31 zonas específicas de Colombia, antes del abandono de armas y la posterior desmovilización. Las FARC ya advirtieron que la concentración de sus miembros en los campamentos especiales y la deposición de sus armas dependerán del resultado del plebiscito.

Además, el viernes pasado se anunció el mecanismo para escoger a los magistrados que integrarán el Tribunal Especial para la Paz, corte que estará encargada de conocer, investigar y juzgar los crímenes que se vinculen con el conflicto armado.

Tras la firma del acuerdo final, cuya fecha aún no se ha fijado, los colombianos serán convocados a participar en un plebiscito donde deben refrendar o rechazar el texto del convenio, muy probablemente, antes de que termine el año. La coalición gobernante de centro derecha pide a los colombianos que respalden los acuerdos, con el apoyo de la oposición de izquierda y movimientos independientes, mientras que el partido de derecha radical Centro Democrático, que dirige el ex presidente Álvaro Uribe, hace campaña para votar por el no.