Estados Unidos trasladó ayer a 15 presos de Guantánamo a Emiratos Arabes Unidos. Es el mayor traspaso aprobado por el gobierno del presidente Barack Obama, que antes de llegar al poder prometió cerrar la cárcel ubicada en Cuba.

El anuncio, realizado el martes por el Pentágono, es un paso más hacia el cierre de la cárcel de Guantánamo, abierta en 2002 por el gobierno del republicano George W. Bush para alojar, sorteando las salvaguardas internacionales, a extranjeros “sospechosos de terrorismo”, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 (11-S). El envío de 12 yemeníes y tres afganos a Emiratos Árabes Unidos, reduce a 61 el número de reclusos en la prisión de Guantánamo, a poco más de dos meses de celebrarse las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Con estas transferencias, quedan sólo una veintena de presos en Guantánamo sin cargos en su contra que ya recibieron el visto bueno para ser transferidos a un tercer país, ya que el Congreso mantiene su moratoria en las transferencias a territorio estadounidense. De los 41 restantes, siete tienen cargos en su contra, 17 son los llamados “prisioneros eternos”, que son considerados peligrosos, pero sus testimonios están tan marcados por torturas que sus casos no avanzarían en la justicia ordinaria, y otros 17 que esperan que su caso sea revisado o enviado a las Comisiones Militares (tribunales castrenses para presos de Guantánamo).

En lo que va del año, Obama redujo la población carcelaria de Guantánamo por debajo del centenar. Sin embargo, aún debe convencer al Congreso, de mayoría republicana, de que el cierre del penal es una buena medida para la estrategia de seguridad nacional. Durante la campaña electoral, los candidatos a sucederlo en la Casa Blanca mostraron posturas contrapuestas sobre la prisión para combatientes de la llamada Guerra contra el terrorismo. La candidata demócrata, Hillary Clinton, se inclinó por cerrar la prisión si Obama no consigue transferir a centros penitenciarios estadounidenses a los presos que no pueden, de momento, ser trasladados.

Por su parte, el aspirante republicano, Donald Trump, no sólo abogó por llenar de nuevo las celdas de máxima seguridad de Guantánamo de terroristas extranjeros, sino también de sospechosos con nacionalidad estadounidense. Horas antes del anuncio del último traspaso de presos, Trump prometió de nuevo en un mitin mantener abierta Guantánamo. Pero no sorprendió la reacción del magnate millonario, que hizo de la mano dura contra los inmigrantes y la amenaza islamista sus pilares de la campaña presidencial.

Aún debe convencer al Congreso, de mayoría republicana, de que el cierre del penal es una buena medida para la estrategia de seguridad nacional. El Congreso estadounidense se sigue resistiendo a que los sospechosos de terrorismo, algunos acusados de participar intelectual o materialmente en los ataques terroristas del 11-S en Estados Unidos u otros ataques con víctimas de ese país, viajen a territorio estadounidense, así sea para pasar el resto de sus días entre rejas o para ser puestos en un corredor de la muerte. La mayoría de los presos de Guantánamo no están acusados de ningún delito y languidecen en un limbo de detención indefinida sin apenas derechos y que se justifica en la ley militar contra los llamados “enemigos combatientes.

Los traspasos a otros países se aprueban tras un intenso proceso de análisis del gobierno estadounidense en que el secretario de Defensa debe avisar al Congreso con un mes de antelación de que la salida no supone una amenaza de seguridad. Los últimos traspasos significativos fueron en abril pasado, cuando nueve presos fueron a Arabia Saudita, y en enero último, cuando 10 fueron a Yemen.

Cuando el demócrata Obama asumió la presidencia en 2009, en Guantánamo había 242 detenidos. Un total de 780 pasaron por la prisión levantada en una base militar en el sureste de Cuba, convertida en un símbolo de los abusos en nombre de la llamada guerra contra el terror tras los atentados del 11-S. El mandatario no descartó aprobar por decreto el cierre de Guantánamo, pero hacerlo sería una delicada maniobra legal y política.

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) celebró las nuevas transferencias de lo que considera un proyecto legal que es “una mancha” en la historia de Estados Unidos. “Es vital que se aproveche este impulso. Si el presidente Obama no consigue cerrar Guantánamo, la próxima administración puede volver a llenarlo con nuevos detenidos y se puede convertir en algo permanente”, indicó en un comunicado Naureen Shah, directora del programa de seguridad y derechos humanos de AI.

Pese al impulso que tomaron los traslados, cerrar el penal de Guantánamo se ha convertido en una de las promesas de Obama más difíciles de cumplir, como muestra el hecho que seis de los 15 transferidos llevaban más de seis años con el visto bueno para ser enviados a un tercer país y completar su liberación.