El Parlamento brasileño y el gobierno interino de Michel Temer respondieron a las denuncias sobre la ilegalidad del juicio contra Dilma Rousseff. El canciller brasileño, José Serra, calificó de tonto el pedido de explicaciones realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, respondido también por el Congreso, que negó que se trate de un golpe de Estado. “La OEA envió un documento mal hecho y quien tiene que responder por el juicio político es el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Entonces yo pasé la respuesta al Congreso”, dijo el canciller Serra.

Mañana comenzará la sesión final del juicio contra Rousseff, quien se dice víctima de traición por parte de Temer y de un golpe parlamentario por parte de partidos que buscan cerrar las investigaciones por corrupción originadas en la Operación Lava Jato y extendidas a varios otros casos.

La CIDH envió un texto con cuestionamientos y en respuesta al pedido de un senador del Partido Democrático Laborista (PDT) y de tres diputados del Partido de los Trabajadores, fuerza que demandó a la CIDH que ordene suspender el proceso con una medida cautelar. Según Serra, no hay un golpe o estado de excepción en Brasil: “Quien siguió el tema de cerca sabe que es un proceso constitucional supervisado por el Poder Judicial, Brasil es absolutamente democrático”.

El Ejecutivo delegó la respuesta en las Cámaras de Diputados y del Senado, responsables del proceso, que explicaron cómo se desarrolló el juicio y garantizaron su más absoluto apego a la Constitución brasileña.

“El proceso cumplió con todos los preceptos constitucionales y legales previstos en la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, por intermedio de los parlamentarios elegidos por el pueblo”, reza el documento preparado por la Cámara alta.

En el mismo sentido se manifestó la Cámara de Diputados, que en la comunicación remitida a la OEA dice: “No se puede hablar de ninguna irregularidad o inconstitucionalidad en un proceso que ha sido realizado por el Parlamento y supervisado por la Corte Suprema, en su carácter de tribunal constitucional”. En caso de que Dilma Rousseff sea destituida finalmente, Temer será confirmado como presidente y podrá finalizar el mandato de la mandataria separada, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2018.