Por Francesc Relea *
Desde Santiago

Chile es una de las dos naciones del mundo –la otra es Liechtenstein– donde el divorcio está fuera de la ley. Catorce años después de la recuperación de la democracia, el Parlamento discute el proyecto de ley de matrimonio civil, cuya tramitación avanza a cámara lenta por la enorme resistencia de grupos y sectores inmovilistas encabezados por la Iglesia Católica. La apariencia de modernidad y desarrollo del país con el mejor desempeño económico de América latina choca con el conservadurismo y la visión trasnochada de muchos legisladores.
Antes de entrar en el receso de verano, el Senado chileno ha agotado hasta el último día del período de sesiones para discutir los aspectos más controvertidos del proyecto de ley, que establece un plazo mínimo de cinco años para el divorcio unilateral y de tres años cuando hay mutuo acuerdo de los cónyuges. El artículo 56 es uno de los que han generado mayor polémica, ya que faculta a los jueces a no permitir el divorcio si consideran que tendrá consecuencias patrimoniales o morales de “gravedad desproporcionada” para el cónyuge demandado o los hijos.
Diversas fuentes coinciden en que el Senado dio un giro a la derecha al proyecto de ley. No en vano es la cámara más conservadora, donde tienen su dictadura. La temperatura del debate subió cuando se abordó el artículo 21, que otorga validez a los matrimonios religiosos que en los ocho días posteriores quedarán legalmente inscriptos. La poderosa Iglesia Católica movió todos los hilos para conseguir la aprobación del polémico artículo, que logró el respaldo de 27 senadores frente a 16.
El proyecto pasará del Senado a la Cámara de Diputados, donde se le introducirán nuevas modificaciones. La tramitación se prevé larga, a pesar de que el presidente Lagos sueña con presentar la nueva ley el próximo 21 de mayo, cuando haga balance ante el Parlamento del último año legislativo. La cadena de obstáculos tendida por los sectores más conservadores persigue desvirtuar una ley que corre el riesgo de nacer herida de muerte. El senador democristiano Jorge Pizarro advierte del riesgo de que con la nueva ley “sea más difícil divorciarse que anularse en el futuro”.
Al no existir divorcio en Chile, el contrato matrimonial no se puede romper, pero sí anularse. Esta es la solución a la que recurren las parejas que pueden pagar los 1000 dólares que cuesta, como mínimo, el abogado para dicha operación. Los argumentos ante el juez son simples y variados: desde que el vínculo nunca existió porque a la hora de la firma del contrato hubo un error en la dirección de uno de los cónyuges, a la falta de cohabitación marital, locura o impotencia. Todos son pretextos falsos. Es un fraude completo en el que implicados y testigos mienten y el juez hace la vista gorda a la hora de firmar la anulación. El fallo declara que el matrimonio nunca existió, con lo que la mujer queda desamparada ante la ley.
Las presiones contra la legalización del divorcio no proceden sólo de la jerarquía eclesiástica, sino también de los partidos derechistas de oposición y de un amplio sector de la Democracia Cristiana, el primer partido político de Chile. Todos ellos comparten valores retrógrados sobre los derechos de la mujer, que no coinciden necesariamente con posiciones ideológicas tradicionales. “Se puede ser machista leninista”, dice con ironía una funcionaria que prefiere no revelar su identidad.
Chile fue el primer país latinoamericano que firmó el protocolo de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de Mujeres (Cedaw). Pero no lo ha ratificado. El gobierno no lo presentó al Senado ante la certeza de que la mayoría derechista no acataría las recomendaciones del comité de seguimiento del Cedaw y votaría en contra. En otras palabras, Chile no está dispuesto a ajustar su legislación y sus prácticas en materia de derechos sexuales yreproductivos (educación sexual, salud sexual, aborto y distribución de anticonceptivos a los menores). Según datos no oficiales, en Chile se practican unos 200.000 abortos al año, ilegales, por supuesto.
La falta de una ley de divorcio es el otro gran escollo para la firma del protocolo, que posibilita la acción individual contra el Estado chileno ante tribunales internacionales. La derecha chilena tiene bien presente la detención de Pinochet en Londres y la acción de la Justicia internacional contra el ex dictador.
El Senado, que no ha ratificado el protocolo de la Convención Contra la Discriminación de la Mujer, es la misma Cámara que cuenta apenas con dos escaños femeninos –Carmen Frei (democratacristiana) y Evelyn Matthei (derecha)–, de un total de 48 senadores. Paradójicamente, las ministras de Defensa, Michelle Bachelet (socialista), y de Asuntos Exteriores, Soledad Alvear (democratacristiana), ocupan los lugares de cabeza, junto al derechista Joaquín Lavín, alcalde de Santiago, en las encuestas sobre las elecciones presidenciales a celebrarse en dos años.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.