Por Francesc Relea *
Desde Santiago

Desde el pasado 11 de noviembre, las víctimas de la represión del régimen militar que salvaron su vida acuden a las 45 oficinas que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ha abierto en todo Chile. Allí, detallan en una ficha sus datos personales, la militancia política o sindical, los organismos que realizaron la detención, las condiciones y el lugar de privación de libertad y un breve relato en el caso de que existieran torturas. “La mayoría asegura haber sido torturada”, explica María Luisa Sepúlveda. “Inicialmente, atendíamos a más de 200 personas diarias, sólo en Santiago, y ya tenemos registradas a más de 6.000 personas en la capital y otras 3.000 en regiones”.
El objetivo del trabajo de la Comisión, cuya labor durará seis meses, es determinar “el universo de las víctimas directas de la represión” cuando han transcurrido ya 14 años del fin de la dictadura. Sepúlveda calcula que la cifra puede llegar a las 50.000 personas, para las que se propondrán medidas de reparación. “Haremos una propuesta integral, que contemple atención médica, social y económica. El daño es irreparable, por lo que la reparación siempre es insuficiente”, reconoce la asesora del gobierno para derechos humanos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.