Las autoridades de Colombia empezaron los trámites para entregar los documentos de ciudadanía a los negociadores de las FARC que discutieron en La Habana con representantes del Ejecutivo el acuerdo de paz para terminar el conflicto. Además, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, negó que Estados Unidos impidiera la ceremonia de la firma de paz en la ONU.

El trámite de documentación lo hicieron en el consulado colombiano en la capital cubana, entre otros, el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y el jefe del equipo negociador, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, que compartió en sus redes sociales fotos con su identificación temporal. Los guerrilleros tuvieron que entregar datos personales para realizar la identificación y les tomaron las huellas dactilares como a cualquier otro ciudadano, algo que hasta hace unas semanas era imposible.

El gobierno y las FARC alcanzaron el 24 de agosto un acuerdo de paz después de casi 4 años de negociaciones, entendimiento que será firmado el 26 en Cartagena de Indias. A partir de ese día, los guerrilleros deberán concentrarse en alguna de las zonas acordadas para su desarme y desmovilización.

Por su parte, la canciller María Angela Holguín, negó que Estados Unidos haya impedido un plan para firmar el acuerdo de paz colombiano en una ceremonia en la sede de la ONU, en Nueva York, al negarse a dejar entrar en su territorio a miembros de las FARC, como indicó un reciente informe de prensa. “La logística era compleja, porque ellos (las FARC) tienen órdenes de captura que se han levantado para estar en La Habana, en Cuba, no en el resto de los países”, dijo Holguín en declaraciones a periodistas. “Entonces, para poder agilizar todo, la logística era muy compleja, entonces resolvimos que no”, añadió la funcionaria, que respondió a la pregunta después de participar en la XX conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en Washington.

La revista estadounidense Foreign Policy informó la semana pasada que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se opuso a la idea de dejar entrar en el país a miembros de las FARC, una organización considerada terrorista por Washington y acusada también de narcotráfico. Según el semanario, que cita a diplomáticos no identificados y fuentes oficiales estadounidenses, la Casa Blanca y el Departamento de Estado estaban de acuerdo con la idea de celebrar la firma en la sede de la ONU y lo consideraban un gesto potente para respaldar la campaña del SI en el plebiscito del 2 de octubre. Pero, asegura Foreign Policy, el Departamento de Justicia expresó su preocupación sobre la posibilidad de conceder visados a miembros de las FARC, lo que llevó al gobierno de Juan Manuel Santos a programar en cambio la ceremonia de firma en Cartagena de Indias (Colombia) el 26 de septiembre.

Holguín insistió en que la decisión de no celebrar la ceremonia en la ONU fue exclusivamente colombiana y que a Estados Unidos le pareció bien la idea original de organizar la firma en Nueva York. “Obviamente ellos le iban a consultar al Departamento de Justicia. Pero antes de que acabaran las consultas, nosotros nos dimos cuenta de que la logística en general era muy compleja”, aseguró. Según Holguín, el gobierno colombiano planteó a Estados Unidos el tema de la visa para los representantes de los equipos negociadores del acuerdo, pero empezaron a haber una serie de cosas que complicaban la logística.

El pasado 30 de agosto, la canciller anunció que la ONU había pedido a Colombia que el acto protocolar de firma del acuerdo de paz con las FARC se celebrara en Nueva York, porque sienten que es algo completamente extraordinario que le está pasando al mundo.

El acuerdo de paz fue rubricado por los jefes negociadores del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, y de las FARC, Iván Márquez. Pero la firma solemne corresponde a Santos y al máximo jefe de las FARC, Timochenko, que es uno de los que están buscados por la Justicia estadounidense por narcotráfico y otras actividades criminales. El Departamento de Estado pidió en 2006 una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su arresto.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que cerró una alianza con las autoridades estadounidenses para buscar y extinguir el patrimonio ilícito que puedan tener oculto las FARC en el exterior. “Las FARC no harán política en Colombia con los dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el chantaje”, afirmó Martínez, también en la conferencia anual del CAF.

Por otro lado, miembros del partido opositor colombiano Centro Democrático, entre ellos su máximo exponente, el ex presidente Álvaro Uribe, manifestaron sus preocupaciones a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, por los alcances del acuerdo de paz del gobierno y las FARC. “Hoy tenemos que apelar a ustedes para manifestarles preocupaciones por lo que sucede en Colombia por los denominados Acuerdos de La Habana”, señala una carta firmada también por los precandidatos presidenciales del uribismo Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Oscar Iván Zuluaga. Los uribistas agregan que en el acuerdo sellado por el gobierno del presidente Santos y el grupo guerrillero se acepta que el narcotráfico es un delito político y en consecuencia, los máximos responsables de las FARC quedan con el beneficio de no extradición.

La misiva reitera que los miembros de las FARC podrán ser elegidos en cargos públicos y que delitos como las masacres y los secuestros tampoco serán debidamente sancionados. A su vez, aseguran que el ex presidente colombiano César Gaviria anunció que el mandatario Barack Obama, quien puede conceder indultos de forma autónoma, lo haría en favor de personas de las FARC, condenadas y hoy recluidas en cárceles norteamericanas por delitos graves como narcotráfico, terrorismo y secuestro de ciudadanos estadounidenses.