Los ex presidentes de Colombia Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, principales promotores del rechazo al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, presentaron formalmente a las autoridades sus diferentes propuestas de renegociación de ese pacto.

Pastrana las presentó ayer, a través de su grupo de trabajo, y, a diferencia de Uribe, su iniciativa no postula modificar lo relacionado con la justicia transicional. “No pretendemos ver a los cabecillas de las FARC tras las rejas con camisas a rayas, creemos que debe haber un sistema de justicia transicional y para eso proponemos que el sistema de la jurisdicción especial para la paz esté articulado con la jurisdicción ordinaria”, señaló Camilo Gómez, ex comisionado de paz y allegado a Pastrana, en declaraciones a Caracol Radio. Tras presentar su documento de 15 páginas de objeciones al acuerdo, la única linea roja que plantean es que “no se incluya el acuerdo a la Constitución”.

El ministro de Defensa del gobierno colombiano, Luis Carlos Villegas, dijo: “Tendremos en los próximos días el reto de sintetizar esas propuestas y ver dónde hay coincidencias, con el fin de tramitarlas de manera más viable, más tranquila y más acorde con el interés nacional”.

Uribe presentó anoche un texto de 26 páginas en el que además de modificaciones a la justicia especial de paz también reiteró su oposición a que aquellos insurgentes alcanzados por acusaciones de delitos graves puedan presentarse como candidatos a elecciones.

Uribe pide que se deje sin efecto el espacio de justicia transicional que habían acordado el gobierno y la guerrilla, por un Tribunal Transicional, pero dentro de la estructura de la Rama Judicial ordinaria, que tendría unas salas especializadas que se denominarían “Cortes para la paz”, adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, reseña la revista Semana.

Tras el conflicto social y armado de más de 52 años, Uribe también planteó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que el “desarrollo rural” es parte inseparable de la economía del país y que, “en consecuencia haberlo negociado con las FARC genera una ilegitimidad insubsanable”.

El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, afirmó ayer que la insurgencia no está dispuesta a reabrir la discusión sobre la justicia transicional, para la cual habían alcanzado un acuerdo “que nos llevó más de un año y medio” de discusiones en La Habana.

El texto presentado por Uribe dice que la responsabilidad de los jefes de las FARC por los actos de sus subordinados, según la cadena de mando, deberá fundarse en lo que llama “el control de la voluntad por virtud de la doctrina de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder”.

Propone amplia amnistía e indulto a terceros no combatientes, como colaboradores o auxiliadores, siempre y cuando se entregue cualquier material bélico que se posea. Plantea un mínimo de cinco años y un máximo de 20 años de privación de la libertad para quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario, penas que se reducirían a un mínimo de cinco años y un máximo de ocho, si hay reconocimiento de responsabilidad. Además, habla de “privación efectiva de la libertad”, cuando el Acuerdo de La Habana utiliza el término “restricción”, pero admite que las sanciones se paguen en lugares de reclusión alternativos, como granjas agrícolas.

Según Uribe, las Cortes de Paz que propone “no podrán desconocer el carácter de cosa juzgada de las decisiones anteriores de la jurisdicción ordinaria”, pero admite la homologación de condenas, mediante el principio de favorabilidad, de quienes hayan sido sentenciados por la justicia ordinaria a una pena superior a la contemplada en el mecanismo de justicia transicional.

Respecto de la participación política, se opone a que el partido político que surja del tránsito de las FARC a la vida civil tenga “beneficios excesivos”, sino que cuente con los mismos recursos y herramientas de los demás partidos. “Bajo ningún concepto tendrá asiento en el Consejo Nacional Electoral, prerrogativa que muchos partidos actuales no tienen”, señala.

Sobre el narcotráfico, dice que es necesario que las FARC se comprometan a entregar toda la información de sus zonas de cultivo, entregar información de rutas empleadas, entre otras. También que quede claro que por razones de seguridad el gobierno pueda utilizar la aspersión aérea para erradicar cultivos. Y que el texto de La Habana diga de forma textual que el delito de narcotráfico no es amnistiable.

También le pide a la guerrilla una demostración de arrepentimiento y de perdón por sus actos, y al respecto cuestiona que en el acuerdo no exista un compromiso explícito de las FARC para contribuir de manera efectiva con la reparación económica de sus víctimas.

Mientras tanto Santos, agradeció ayer a la comunidad internacional por acompañar y alentar el esfuerzo de paz de su país. “He recibido llamadas de todos los rincones del planeta diciéndome: `siga, continúe, esta es una causa que ya se ha vuelto una causa mundial’ “, dijo Santos durante la instalación en Bogotá del Tercer Diálogo Regional de Política de Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe.

Santos convocó a un diálogo nacional después de que el NO al acuerdo que firmó el pasado 26 de septiembre con las FARC en Cartagena de Indias se impusiera por estrecho margen en un plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre.