Desde Bogotá

Ayer los negociadores del gobierno colombiano arribaron a La Habana para discutir con las FARC las propuestas de quienes rechazaron el Acuerdo Final de Paz, en el sorpresivo plebiscito del pasado 2 de octubre. Una de las más polémicas ideas de reforma es la de eliminar el modelo de Justicia pactado en la Mesa de Conversaciones, y que es el tema de la agenda que más se tardó en construir, casi dos años, recibiendo halagos de las víctimas y la comunidad internacional por incluir, por primera vez en la historia de Colombia, el juicio a todos los responsables del conflicto armado. Esto incluye a particulares, empresarios o políticos, paramilitares y el Estado.

Al senador Alvaro Uribe, el principal opositor del Proceso de Paz, le parece que la justicia transicional debe aplicarse sólo a las FARC y, coincidiendo con la propuesta del también ex presidente Andrés Pastrana, la Jurisdicción Especial para la Paz debe articularse con la Jurisdicción ordinaria.

En una entrevista de Página/12 Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, explica cómo está construido el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que la oposición pretende eliminar, detallando por qué, a su juicio, lo logrado por guerrilla y gobierno en este sentido es ejemplar para la resolución de conflictos a nivel mundial. Además, responde a una de las mayores críticas del uribismo, las iglesias, Pastrana y otros opositores a la paz pactada en La Habana: la impunidad.

–¿Cómo funcionaría el sistema de justicia derivado del proceso de paz en caso de que no sufra reformas?

–Se creará un sistema compuesto por una Comisión de la Verdad para esclarecer los orígenes del conflicto y las causas de la victimización; una unidad de búsqueda de personas desaparecidas y una serie de políticas de reparación a las víctimas, incluidas modificaciones a la actual ley. Además, se establecerá una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para procesar las responsabilidades penales habidas en el conflicto. Esto no es sencillo, pues son más de siete millones de víctimas y por tanto es imprescindible crear un sistema eficaz, que no colapse y no genere una situación de impunidad igual a la que se viene viviendo en Colombia, donde alcanza niveles del 95 por ciento.

–¿Cómo está concebida esa Jurisdicción Especial de Paz?

–La JEP está compuesta por una serie de salas y un tribunal. Se destaca la Sala de Ofrecimiento de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidades, pues allí comparecerán aquellas personas respecto de las cuales haya acusaciones por graves violaciones a los derechos humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y se les ofrecerá la oportunidad de reconocer responsabilidades. De ofrecer verdad completa, exhaustiva y detallada, se enfrentarán a unas sanciones restaurativas que consisten en la realización de reparación a las víctimas del conflicto. En caso de no reconocer responsabilidades, se someterán a un juicio en el Tribunal Especial para la Paz donde, de hallarse culpable, tendrían hasta 20 años de sanción de cárcel.

–¿Cuál es el punto más sensible de lo acordado en esta jurisdicción?

–El debate ha surgido en torno de si las penas restaurativas pueden considerarse penas genuinas conforme lo que establece el derecho internacional penal. Lo cierto es que no hay una norma en este derecho que obligue a que las penas genuinas sean únicamente de cárcel. La cárcel ni resocializa al infractor ni mucho menos repara a la víctima. En esta Justicia se trata de reincorporar al infractor a la sociedad y reparar efectivamente a las víctimas.

–¿Lo acordado por guerrilla y gobierno implica impunidad?

–El acuerdo no implica ninguna impunidad. Es el primer modelo alcanzado en una mesa de conversaciones donde ambas partes, por mutuo acuerdo y sin necesidad de la intervención de la comunidad internacional o sin ser ninguna derrotada por la otra, someten todas sus responsabilidades a un tribunal constituido para examinarlas. Se prevé una ley de amnistía y de tratamientos penales diferenciados para agentes del Estado que en ningún caso amnistiará o dejará sin perseguir los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra y el delito de genocidio. El Sistema cumple debidamente con lo que el derecho internacional exige a cualquier Estado respecto de la causación de graves crímenes en un conflicto o situación de violación masiva a los derechos humanos. Asegura el acceso a la justicia, a la verdad, a la persecución e imposición de sanción para obtener una reparación y además tiene competencia suficiente para conocer sobre responsabilidades de amplios sectores de Colombia que nunca antes han dado cuentas, especialmente civiles: políticos, empresarios, financiadores paramilitarismo, etc. Los del No proponen que la justicia transicional se aplique sólo a las FARC.

–¿Quiénes podrán ser juzgados en el Sistema de acuerdo a lo pactado en La Habana?

–El Sistema prevé examinar no solo las responsabilidades de combatientes, los que llevan puestos los uniformes, sino de civiles, políticos, y personas ligadas a grupos económicos que hayan financiado grupos ilegales como los paramilitares. El mayor reto del Tribunal será contar con la información completa de lo que ha ocurrido, procesar esta información rápidamente y en un contexto de reconciliación nacional garantizar que se produce el debido equilibrio entre construcción de la paz, justicia y sanción a los responsables.