Por Joaquín Prieto y Octavi Martí
Desde París

”Esto es odioso, incalificable, indigno de un país como el nuestro.” Jacqueline Fraysse, alcaldesa de Nanterre, resumió así la indignación general ante la serie de circunstancias que permitieron ayer el suicidio de Richard Durn, en plena Prefectura de Policía de París, treinta horas después de que este hombre de 33 años asesinara a sangre fría a ocho concejales de su ayuntamiento e hiriera a otras 19 personas. Pese a encontrarse junto a dos policías, Durn abrió la ventana de la habitación abuhardillada en que estaban interrogándolo, saltó al tejado y se arrojó al patio del edificio policial, donde se estrelló contra el suelo y murió a los pocos minutos.
“Con peligro de su vida, los concejales se lanzaron sobre ese hombre y le quitaron sus armas. Han resultado gravemente heridos y, en el hospital, se enteran de que este hombre se ha suicidado. Yo quiero, nosotros queremos saber cómo este hombre ha podido hacer esto en el Quai des Orfêvres” (alusión a la sede de la Prefectura de Policía). Las familias necesitaban que hubiera un proceso para saber el cómo y el por qué, y ahora se les ha privado de ello”. La alcaldesa expresó así toda la emoción de una ciudad de 85.000 habitantes, a 12 kilómetros de París, que no puede comprender esta sucesión de tragedias inexplicables. La versión oficial de los hechos –pendiente de una investigación formal– sostiene que Durn se lanzó por la ventana de un cuarto piso, desde la habitación en que dos funcionarios de la Brigada Criminal llevaban veinte minutos interrogándolo. Uno de ellos le pidió que se levantara y acudiera a su mesa para consultar un documento. El asesino abrió rápidamente la ventana de la buhardilla y saltó al tejado, y de ahí al vacío. La habitación en que se encontraban tenía dos puertas y ambas estaban “cerradas con llave”, según esas primeras informaciones.
Los policías trataron de agarrarlo por las piernas, pero no pudieron lograrlo “dada la determinación del detenido”, siempre según esas fuentes. Uno de los agentes resultó herido ligeramente en el forcejeo. La habitación donde se efectuaba el interrogatorio no tenía barrotes. El detenido tampoco llevaba puestas las esposas, que le hubieran impedido la libertad de movimientos. Sectores policiales contrarios al sistema de garantías vigente en Francia insinuaron que la culpa es de la “ley de la presunción de inocencia” que, según ellos, limita el uso de las esposas a los traslados de los sospechosos; varios sindicatos policiales advirtieron de que se opondrán a que se cuestione a la Brigada Criminal, “una unidad de élite”.
Lo cierto es que resulta incomprensible que un hombre con confesadas tendencias suicidas –había intentado quitarse la vida en 1983 y 1990, estaba bajo tratamiento psiquiátrico desde 1995 y los policías disponían de tres cartas, ahora póstumas, de Durn en las que este decía querer “morir en medio de una gran explosión de fuegos artificiales” para no “marchar solo de este mundo”– no fuese objeto de una vigilancia más estricta. La investigación policial, una vez establecida una descripción exacta de los hechos, estaba condenada a desembocar en un internamiento en hospital psiquiátrico. Es más, lo lógico era que el interrogatorio se desarrollase en un centro médico, con ventanas protegidas, y por parte de personal especializado.
El ministro del Interior, Daniel Vaillant, compareció en la televisión pública para reconocer “un grave disfuncionamiento” en la sede de la Policía parisiense, y anunció una investigación conjunta de su departamento con el de Justicia. El ministro agregó que “hay demasiadas armas en Francia” y acusó implícitamente a la derecha de haberle impedidoun control mucho más estricto, como él intentó en el otoño pasado por medio de la ley de seguridad ciudadana.
Pero los errores o incompetencia policial ante el suicidio de Durn no son los únicos aspectos absurdos del caso. Durn contaba con un permiso de armas desde 1996, que había sido renovado después de que él se sirviese de una de sus pistolas para amenazar, en 1998, a una psiquiatra que le atendía y que denunció el hecho. En 2001 no se le renovó el permiso de armas pero ni la policía se las retiró ni el club de tiro al que pertenecía comprobó si sus papeles seguían en regla. Demasiados errores en el camino de un hombre que “era un alumno superdotado”, según recuerdo de uno de sus profesores, pero que le había confesado a su madre que “estoy loco, acabaré siendo un mendigo. He de morir”.
Numerosos políticos de izquierda salieron ayer al paso del presidente de la República, Jacques Chirac, por meter en el mismo saco la inseguridad ciudadana y la matanza llevada a cabo por un desequilibrado. Los diarios Le Monde y Libération se mostraron particularmente críticos respecto a la tentación de politizar la tragedia, que se produce en plena campaña a las elecciones presidenciales.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.