Por Francesc Relea *
Desde Brasilia

Frente al Ministerio de Hacienda de Brasil, un grupo de empleados públicos en huelga pide mejoras salariales y exige a gritos ser recibido por el ministro. La escena se repite con frecuencia últimamente en la Explanada de los Ministerios de Brasilia. Un día son los funcionarios, otro día los “sin tierra”, otro los trabajadores de los bingos, otro los indios amenazados por buscadores de diamantes... Todos acuden a la capital a reclamar y protestar contra el gobierno. En el interior del edificio, en una sala próxima al despacho del ministro, funcionarios del Fondo Monetario Internacional repasan montones de papeles. El jefe de la misión, Phil Gerson, dice que Brasil está cumpliendo todas las condiciones del acuerdo firmado el año pasado.
Son los contrastes de Brasil desde la llegada, el 1º de enero de 2003, del primer gobierno de centroizquierda encabezado por un antiguo sindicalista como Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente recibe los parabienes del mundo de las finanzas y es elegido hombre del año por la revista estadounidense Time, pero empieza a ser censurado por muchos de sus votantes que no ven el cambio prometido. El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, es para estos últimos la bestia negra del gobierno, por su firme política de ajuste fiscal. Sus defensores, en cambio, estiman que es la garantía de seriedad económica. La verdad es que este médico de pueblo que ni es economista dio un salto mortal en política cuando Lula ganó las elecciones. Miembro fundador del Partido de los Trabajadores –PT–, Palocci pasó de concejal de una localidad de San Pablo al puesto clave del nuevo Ejecutivo.
De este hombre tímido, de hablar pausado y estilo discreto, depende en buena parte la política económica de Brasil, un país de 170 millones de habitantes, y el diálogo con el mundo financiero, que recibió a Lula con tanta expectación como desconfianza. No la tenía fácil el nuevo ministro, quien mostró desde el primer día una verdadera obsesión por controlar la inflación, una plaga que Brasil, como otros países de la región, ha padecido en su historia reciente. “Hemos tenido mucho éxito en esta empresa –dice Palocci–. A finales de 2002, la inflación era del 40 por ciento, hoy es del 12,5 por ciento. La expectativa para este año es del 6 por ciento y el año próximo, del 5 por ciento.”
Un senador de la oposición replicó esta semana que “parece que el gobierno de Lula es el gobierno de los números y no de los ciudadanos”. El ministro responsable de las cuentas públicas responde: “Cuando llegamos al gobierno existía la perspectiva de un número terrible en el caso de la inflación. Y resulta que este número tiene mucho que ver con la renta real de los trabajadores y de las personas más pobres”. Más cifras: según Palocci, el gobierno ha ampliado los programas de transferencia de renta a los más pobres, que pasaron de 2200 millones de reales –758 millones de dólares– en el año 2002, a una inversión de 5500 millones de reales –1896 millones dólares– el año en curso. “Son números que afectan a una parcela enorme de Brasil. Son ya 3,7 millones de familias que reciben ese beneficio de la bolsa-familia, casi 15 millones de personas”, asegura el ministro.
“La crisis de 2002 provocó una recesión que duró todo el primer semestre del primer año del gobierno de Lula. Hay que recordar que hubo una fuga importante de capitales en el segundo semestre de 2002 (cuando todas las encuestas pronosticaban el triunfo electoral del PT)”. “No se sale de una crisis sin rumbo; es necesario poner en orden la economía para que el país vuelva a crecer, y también el empleo y el ingreso de las personas”. Para ello, el gobierno mantiene un superávit fiscal del 4,5 por ciento del Producto Interior Bruto –PIB–, superior incluso al exigido por el FMI. El gran debate en la sociedad brasileña, que incluye al PT y al propio gobierno, es el precio que para los sectores más pobres tiene la disciplina fiscal. “Hicimos un ajuste fuerte pero conseguimos cerrar el año pasado con cuatro trimestres creciendo un 1,5 por ciento, que anualizado significa el 6 por ciento. La expectativa de crecimiento para este año es de 3,5 por ciento”, dice Palocci. Mantener en buen estado las cuentas públicas significa que el Estado no puede invertir para obtener los logros sociales prometidos en campaña por Lula. Prometió demasiado, repiten los críticos del presidente. La seriedad económica del gobierno o rigidez en este caso ha levantado los ánimos de numerosos sectores tras la decisión de aumentar sólo en 20 reales –6,9 dólares– el salario mínimo. “Decidimos el aumento que la economía puede soportar, ya que el salario mínimo tiene un gran impacto en las cuentas de la Seguridad Social”, replica Palocci.
En un punto coinciden sectores de izquierda y de la oposición conservadora: la política del gobierno de Lula es una continuidad de la de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso. Y pese al optimismo de Palocci y Levy sobre el futuro del Brasil, en el partido que dirige el gobierno no hay unanimidad. Recientemente, la dirección del PT aprobó con los votos de dos tercios un documento de apoyo a la política económica oficial. Una cuarta parte del máximo órgano del partido votó un texto alternativo, claramente crítico del gobierno. “Somos un partido democrático y abierto”, dice Palocci, que reconoce que en los consejos de ministros hay voces, “que no son del área económica”, que proponen reducir el superávit primario para tener más recursos para el área social.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.