El gobierno británico continúa a la defensiva por la cadena de acusaciones de violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por sus tropas en Irak. En un duro informe, Amnistía Internacional condenó ayer a las fuerzas británicas por el “uso desproporcionado de fuerza” que resultó en la muerte de 37 civiles, entre ellos una niña de ocho años, y acusó a miembros del gobierno de ocultar información al respecto. La Alta Corte de Justicia de Londres abrió otro frente de batalla para el acosado Tony Blair al aceptar la petición de 13 familias iraquíes para que la Justicia decida si las muertes de sus parientes a manos del ejército de ocupación pueden juzgarse en Gran Bretaña.
Golpeado y magullado por el informe de la Cruz Roja Internacional filtrado a la prensa el fin de semana y las fotos de un diario británico sobre aparentes maltratos a prisioneros iraquíes, el gobierno de Blair respondió que había investigado o estaban bajo investigación la totalidad de los casos. Esta defensa profundizó la confusión. En un duro cruce de declaraciones por los medios de comunicación, Amnistía contestó que en sólo 17 de los 38 casos se había iniciado una investigación que la organización de derechos humanos calificó de “parcial” e “insuficiente”. La ONG dirigió sus dardos al ministro para las Fuerzas Armadas, Adam Ingram, al que acusó de un “desafortunado olvido” durante su comparecencia la semana pasada ante la Cámara de los Comunes. Inaugurando una defensa que repetirían esta semana el primer ministro Tony Blair y el ministro de Defensa Geoff Hoon, Ingram dijo al Parlamento que el gobierno no había recibido de las ONG ningún informe “negativo o de otro tipo” sobre el presunto maltrato de prisioneros. Ayer, Amnistía reveló que en octubre le había pasado al Ministerio de Defensa un dossier detallado sobre aparentes casos de tortura cometidos por las fuerzas británicas y que el ministro Ingram había respondido en una carta el 11 de noviembre para confirmar que tenía el documento y que revisaría su contenido. En la misiva, Ingram dejaba en claro su “profunda preocupación” por las acusaciones y aseguraba que el gobierno “trata con extrema seriedad este tema”. Pero el informe que presentó Amnistía sobre “Muerte de civiles en Basora y Al Amara” dominó los medios de comunicación ayer.