Desde el pasado 28 de mayo, todos los pasajeros –europeos o no– que parten del Viejo Continente con destino a los Estados Unidos están obligados a responder a una pregunta y suministrar 34 datos estrictamente personales. Si algún pasajero se niega a hacerlo, no le será posible subir a bordo del avión. En estos términos escuetos y hasta brutales se plantea en adelante la “aventura” de viajar desde Europa hacia cualquier ciudad norteamericana. Tras más de un año y medio de forcejeos, negociaciones y rechazos rotundos, la Comisión europea terminó cediendo a las exigencias de la administración norteamericana en materia de “seguridad” aérea.
Al principio, la Comisión negó tajantemente la posibilidad de que los datos personales de los pasajeros –el cuestionario con los 34 datos– pudiesen ser transferidos al territorio norteamericano simplemente porque la administración Bush lo juzgaba necesario. En sus primeras decisiones, la Comisión consideró que la entrega de los datos era “inaceptable” por cuanto se inscribía en un espíritu contrario a las leyes que protegen las libertades individuales. Sin embargo, el “espíritu” duró poco. En adelante, antes de subir a un avión con destino a los Estados Unidos, los pasajeros responderán a la siguiente pregunta: “¿Acepta usted que sus datos personales sean transferidos a los Estados Unidos?”. La pregunta es una trampa porque no deja otra alternativa: el sí es el viaje; el no, quedarse en tierra.
El Parlamento Europeo juzgó que el compromiso al que llegaron la administración Bush con la Unión Europea es tan escandaloso que está dispuesto a recurrir a la Corte Europea de Justicia para oponerse al acuerdo. Es lícito reconocer que, en nombre de la lucha antiterrorista, la transferencia de datos personales ha dado un paso demasiado largo. Nombre y apellido, número de teléfono, forma de pago, número de la tarjeta de crédito, dirección a la que se remite la factura, preferencias alimentarias, fecha de la reservación, itinerario completo, información sobre las millas recorridas por el pasajero, agencia de viajes donde se compró el billete, correo electrónico del pasajero, su estatuto, número de las etiquetas de las maletas, número de pasaporte, validez, lugar de emisión, comentarios “especiales”, larga es la lista de datos que componen el formulario que la aduana y la policía norteamericanas tendrán a su disposición sin que el pasajero pueda legítimamente oponerse a ello.
Según el acuerdo al que llegaron ambas partes, las mencionadas informaciones serán utilizadas con la “única meta de prevenir y combatir el terrorismo y los crímenes ligados a él, así como otros crímenes graves que, por su naturaleza, revisten un carácter transnacional”. Los derechos exclusivos de la administración Bush se extienden todavía más. El texto pactado estipula además la posibilidad de que el FBI u otras agencias estadounidenses obtengan datos suplementarios. A su vez, las compañías aéreas están obligadas a poner a disposición de los servicios norteamericanos la totalidad de sus ficheros de pasajeros 72 horas antes de que se realice el viaje. El dispositivo es tan sofisticado que Estados Unidos consiguió incluso que las compañías aéreas les envíen los datos “actualizados” en el momento en que el avión se apresta a aterrizar.
La asociación europea de compañías aéreas (AEA) señala que a cambio de esos datos en “acceso libre” se ha negociado una serie de garantías que la misma AEA juzga “de baja intensidad”. Washington y Bruselas estipularon que los datos que no se utilicen deben ser imperativamente destruidos al cabo de tres años y medio. A su vez, los datos que dieron lugar a un examen detallado podrán ser conservados por un período de 8 años. El problema más espinoso está en que al disponer del PNR (los datos de la reservación, Passenger Name Record), las agencias norteamericanas cuentan con datos exclusivos que antes estaban únicamente en manos de empresas privadas y no de Estados.
En realidad, el PNR siempre fue un arma de doble filo. Este consta de otros datos llamados “sensibles”, que pueden incluir el origen racial o étnico de la persona, su filiación política o sindical, su estado de salud, sus convicciones religiosas o filosóficas y hasta su pertenencia a un sindicato. El acuerdo aclara que la gestión Bush se comprometió a no utilizar esos datos personales ni a transferirlos a otros gobiernos o entidades extranjeras. Se habla también de un sistema de filtros capaz de suprimir esos “detalles”, pero éste aún no está a punto. Por lo pronto persisten numerosos interrogantes sobre lo que puede hacer un país que recibe datos de millones de personas provenientes de decenas de naciones diferentes. Una cifra sirve de ejemplo: luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el tráfico aéreo con destino a los Estados Unidos mermó considerablemente. Las últimas cifras proporcionadas por las autoridades europeas muestran que el tráfico está volviendo paulatinamente a la normalidad, con más de un millón de pasajeros por mes. Un millón de pasajeros mensuales equivale a decir 12 millones de datos personales transferidos cada año desde Europa hasta los Estados Unidos.
Los primeros en reaccionar ante los nuevos dispositivos fueron los europarlamentarios. La comisión jurídica del Europarlamento pidió que se presentara una querella judicial contra el acuerdo. La iniciativa quedó suspendida hasta la formación de los nuevos grupos parlamentarios surgidos de las elecciones europeas celebradas el pasado 12 de junio. A su vez, las autoridades nacionales de protección de las libertades pusieron literalmente “el grito en el cielo”. No sin razón, la CNIL francesa (Comisión Nacional de la informática y las libertades) expresó sus reservas y su temor de que los “datos entregados sean mal protegidos”. Las garantías que figuran en el acuerdo funcionan según el principio de la “buena voluntad” y no de la obligación, con lo cual “nada está controlado”. Los europarlamentarios recuerdan que lo pactado entre Washington y Bruselas está en contra de la Carta de los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Este texto aclara que los datos personales no pueden utilizarse con “fines comerciales”, ni por “motivos de seguridad”.
Cabe señalar como suplemento que el dispositivo en curso no es nada comparado con lo que se está preparando. Los Estados Unidos van a servirse de los datos personales provenientes de Europa para montar un nuevo sistema de identificación de los pasajeros, el Computer Assisted Passenger Prescreening System (Capps II). Esta misteriosa sigla designa un dispositivo de identificación y evaluación que se pone en marcha a partir del momento en que una persona reserva su pasaje de avión. El Capps II le atribuye a cada pasajero un color que varía según el peligro o la amenaza que éste represente para la administración norteamericana: verde para aquellos que pueden subir al avión sin problemas, amarillo para quienes representan algún “riesgo” y rojo para quienes nunca serán autorizados a subir a bordo. Los europeos han resistido por el momento, pero el Computer Assisted Passenger Prescreening System será pronto una realidad que se sumará a la gran ficción policial de la seguridad total.