Por Ferrán Sales*
Desde Jerusalén

La Corte Suprema de Israel ordenó ayer al ejército modificar el trazado de 30 kilómetros de muro ya construido o en fase de ejecución, que se encuentra al nordeste de Jerusalén, ya que perjudica los derechos y la libertad de más de 35.000 palestinos. Con esta resolución sin precedentes los jueces israelíes dan la razón a ocho ayuntamientos palestinos, que el pasado mes de marzo plantearon un recurso contra el muro ante el Supremo. Los jueces deberán resolver en breve una veintena de quejas palestinas similares.
Los vecinos de los ayuntamientos palestinos de Beit Sourik, Bidu, El Kabiba, Katane, Beit A’anan, Beit Likia, Beit Ajaza y Beit Daku, a las puertas de Jerusalén, gritaron victoria, al conocer la resolución del Tribunal Supremo en la que les da la razón en su litigio con el ejército sobre el trazado del muro. Los vecinos de la zona habían asegurado que la muralla les impedía acceder a los campos de cultivo, a los centros sanitarios, a las escuelas y universidades, y les había cercenado los recursos acuíferos, apropiado parte de sus tierras y además cortado las vías de acceso a la capital de la Cisjordania palestina, Ramalá, donde se encuentran los servicios administrativos.
Los tres jueces del Supremo de Jerusalén a lo largo del medio centenar de folios reconocen la mayor parte de estos derechos y perjuicios ocasionados a los palestinos y ordenan al ejército modificar el trazado de la muralla e incluso destruir parte de la barrera que ha sido ya construida, para reestablecer de esta manera los derechos usurpados a los vecinos. Los magistrados, aunque reconocen el derecho del gobierno de Israel a construir el muro para evitar los ataques de los activistas radicales palestinos, tratan al mismo tiempo de defender y preservar los derechos de los vecinos, al asegurar en uno de los considerandos que “los criterios de seguridad tomados en consideración son desproporcionados en comparación con las necesidades humanitarias y el Tribunal ordena al mando del ejército israelí reducir los perjuicios a los derechos de los ciudadanos y reconsiderar el trazado de la barrera”.
Un portavoz del Ministerio de Defensa aseguró el viernes que Israel estaba dispuesto a acatar la orden del Supremo a cambiar el trazado del muro, de acuerdo con los criterios planteados por los magistrados. Con este comunicado los militares anunciaban al mismo tiempo la reactivación de la construcción de la muralla en esta zona, que se encontraba congelada desde hace varias semanas por decisión de los jueces y a petición de los afectados. Esta sentencia del Supremo israelí es un hecho sin precedentes en el conflicto que enfrenta al gobierno de Ariel Sharon con los palestinos sobre la construcción del muro y deja la puerta abierta a que se pueda modificar el trazado de otros sectores del muro ya construidos o en fase de ejecución y que están siendo contestados y criticados por los vecinos y la comunidad internacional. Los razonamientos de los jueces refuerzan sobre todo los reclamos de más de 200.000 vecinos palestinos de Jerusalén este, especialmente de los barrios de Al Ram que desde hace semanas se encuentran permanentemente movilizados por el trazado del muro, que al pasar por su zona, los segrega de Jerusalén a pesar de que pertenecen al municipio de la capital, pagan los impuestos a este ayuntamiento y forman parte del censo electoral.
La sentencia del Supremo llega en un momento especialmente delicado para el gobierno de Israel, ya que el próximo 9 de julio el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, debe hacer publica su opinión sobre la legalidad o ilegalidad de la muralla que desde hace más de una año está siendo construida, y que al acabar tendrá mas de 600 kilómetros.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.