La Justicia militar le lanzó un salvavidas a Vladimiro Montesinos, el siniestro personaje que fuera brazo derecho del ahora prófugo ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y que actualmente está en prisión, acusado de corrupción y violaciones a los derechos humanos. En un escandaloso fallo, el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) ha decidido que Montesinos –quien en los años noventa tuvo un control absoluto sobre las Fuerzas Armadas– no podrá ser juzgado por el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, uno de los cargos más graves que pesan en su contra.
Este fallo determina que la sentencia del CSJM de 1994, en la que se exculpa a Montesinos y a los jefes castrenses de entonces como autores intelectuales de este crimen cometido en 1992 por el grupo paramilitar Colina, tiene valor de cosa juzgada. Investigaciones judiciales y parlamentarias realizadas luego de la caída de Fujimori en noviembre del 2000 coincidieron en concluir que Montesinos fue el organizador y jefe del Grupo Colina, escuadrón de la muerte que operaba desde los servicios de inteligencia que Montesinos controlaba.
Esas investigaciones también determinaron las responsabilidades de los generales exculpados por la Justicia militar y del propio Fujimori, quien, se asegura, estuvo al tanto de la creación del grupo paramilitar y dio luz verde, a través de Montesinos, su hombre de mayor confianza, a las operaciones criminales de Colina. Varios miembros de Colina hoy en prisión han confesado que Montesinos y Fujimori estaban al tanto de sus acciones criminales. Es por este caso que el gobierno peruano está solicitando a Japón la extradición de Fujimori, pero el procurador Ronald Gamarra, encargado del proceso de extradición de Fujimori, ha advertido que el ex presidente podrá usar este fallo del CSJM para evitar su extradición, argumentando que es “cosa juzgada” que el Grupo Colina actuó a espaldas de los jefes castrenses y de su gobierno, según señala la sentencia de 1994, ahora ratificada.
En julio de 1992 un comando de miembros del ejército, que luego se conocería como Grupo Colina, ingresó a la Universidad La Cantuta, que estaba custodiada por miembros de las FF.AA., secuestró a nueve estudiantes y a un profesor de la residencia estudiantil. Un año después, los cuerpos de las diez víctimas fueron encontrados enterrados en un descampado en las afueras de Lima. Habían sido quemados para intentar evitar su reconocimiento, algo que sus asesinos no pudieron lograr. Cuando la Justicia civil se preparaba a iniciar el proceso por este crimen, que incluía a Montesinos y altos jefes militares como autores intelectuales, el fujimorismo dio una ley en el Congreso que facilitó las cosas para que el caso pasara a la Justicia militar. En un proceso calificado como una farsa, el CSJM condenó a 20 años de prisión a dos mayores y un grupo de suboficiales, y exculpó a Montesinos y a los altos jefes militares. Pero apenas un año después, el gobierno de Fujimori dio una amnistía dejando en libertad a todos los miembros de Colina.