Página/12
en Medio Oriente
Por Eduardo Febbro
Desde Ramalá y Jerusalén

A las nueve de la mañana, Ramalá era un desierto atravesado únicamente por una fila humana de periodistas. A las 10, la comitiva del secretario de Estado norteamericano Colin Powell ingresó al área del cuartel general de Yasser Arafat, la Mukata, sin haber conseguido antes que Israel pusiera fin a la ofensiva militar iniciada hace 17 días. Tres horas más tarde, Powell partió de la sede presidencial sin que Arafat aceptara proclamar de una u otra forma la reanudación de los contactos con Israel y el respeto de los compromisos pactados. Según declaró el jefe de la diplomacia norteamericana, las conversaciones, que consistieron en un “intercambio de ideas”, fueron “útiles y constructivas”. En el curso de esta primera visita, Colin Powell le reiteró a Arafat que “los atentados debían cesar”, ya que éstos “constituyen un obstáculo mayor” para que avancen los aspectos “políticos” que atañen a la creación de un Estado palestino.
Fuentes palestinas informaron luego que Arafat expresó a Powell su “preocupación” por los sufrimientos padecidos por los palestinos, especialmente en Jenín, y reiteró la línea seguida por la dirigencia palestina: no habrá alto el fuego ni conversaciones hasta que Israel no se vaya de los territorios que ocupa desde el pasado 29 de marzo. Mohammad Dahlán, jefe de la Seguridad Preventiva de Gaza, asistió a la entrevista y reveló a la prensa que la posición de los palestinos no varió: no habrá conversaciones con Israel, ni coordinación para la seguridad, ni alto el fuego sin una retirada total de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos. Este reclamo concierne exclusivamente las ciudades invadidas por Israel en el transcurso de la operación Muro Defensivo. Según Dahlán, las entrevistas se centraron en tres puntos: análisis de la situación política y su eventual desbloqueo, el tema de la seguridad y el “colapso económico” en los territorios palestinos, en especial los eventuales aportes de la comunidad internacional para “subsanar” todo cuanto “los israelíes destruyeron durante el operativo”.
Todo tiende a probar que Colin Powell vino a Medio Oriente con una propuesta que excede el marco del antagonismo unilateral entre israelíes y palestinos. Prueba de ello, el responsable partirá con rumbo al Líbano y Siria para luego regresar a Israel y completar el esquema de lo que empieza a aparecer como una iniciativa norteamericana “avalada” y “protagonizada” por los países de la región. En lo que atañe estrictamente al conflicto israelo-palestino, las dos partes mantienen firmes sus condiciones: los israelíes no se retirarán hasta que no hayan arrestado a quienes consideran como “terroristas” y los palestinos no procederán al desmantelamiento de las organizaciones terroristas hasta que Israel no abandone los territorios que ocupó en Cisjordania.
Saeb Erekat, ministro y principal negociador palestino en las discusiones de paz, precisó ayer a Página/12 que los palestinos “se comprometerían a reprimir los actos terroristas únicamente cuando Israel pusiera término a la operación Muro Defensivo”. Refiriéndose al desmantelamiento de las redes terroristas de los radicales palestinos, Erekat utilizó el término de “obligación” que, alegó, “sólo podemos asumir bajo las condiciones” ya mencionadas.
El panorama que se desprende de la cumbre Powell-Arafat es por de más paradójico. Luego de esa entrevista y al cabo de un nuevo diálogo con Ariel Sharon, el premier israelí propuso la realización de una conferencia regional. Monitoreada por Estados Unidos, en ella participarían Arabia Saudita, Jordania, Marruecos, Egipto y representantes palestinos, además de, eventualmente, Siria y Líbano. Con todo, Sharon no pronunció el nombrede Yasser Arafat y, según trascendió más tarde, el jefe de gobierno no tiene la intención de que Arafat participe. Los palestinos, a través de Saeb Erekat, reaccionaron rápidamente diciendo que se trataba de “una iniciativa que equivale a volver muchos años atrás”. Para Erekat, “existe una propuesta árabe que está sobre la mesa y lo único que tiene que hacer Sharon es responder sí o no”.
A partir de hoy, el ejército israelí “levantará” el estatuto de “zonas militares cerradas” que pesa sobre varias ciudades ocupadas. No obstante, este estatuto permanecerá vigente en los tres lugares más simbólicos y polémicos: Belén, Jenín y Ramalá, o sea, la Iglesia de la Natividad, rodeada por las tropas de Tsahal con 200 palestinos dentro, Jenín, donde la represión israelí remite a las guerras “más sucias”, y Ramalá, donde está sitiado Arafat. En suma, lo religioso, lo humanitario y lo político siguen bloqueados. Ron Kitrey, portavoz del ejército israelí, aclaró anoche que “no existe una fecha límite para terminar la operación”.
Los focos conflictivos entre la Autoridad Palestina e Israel conciernen a unas 40 personas buscadas por el Estado hebreo. Raanán Gissin, consejero y portavoz de Sharon, reveló que Israel le exigía a Arafat que entregase tres personas refugiadas en su cuartel general e implicadas en el asesinato del ministro israelí de Turismo, ultimado el año pasado. Gissin quiere también que el presidente de la Autoridad Palestina deje en manos de los israelíes a Fuad Chukabi, responsable financiero de la Autoridad y, según Israel, organizador de la “importación” de armas desde Irán.
A este complejo rompecabezas se le agrega la situación en la Basílica de Belén. Israel considera que entre los 200 palestinos refugiados adentro se encuentran “30 terroristas peligrosos”. El domingo, en una de sus propuestas características, Ariel Sharon le propuso a los 200 palestinos de Belén una alternativa de doble filo: o aceptaban ser juzgados en Israel por un tribunal, o accedían a ser expulsados de por vida de los territorios palestinos.
Las conversaciones diplomáticas no eclipsaron el horror. Las tropas israelíes continuaron ayer revolviendo las ruinas del campo de refugiados de Jenín en busca de los cadáveres. Se plantea ahora un problema legal que dejará en un enigma la verdad de lo ocurrido en Jenín. La Corte Suprema de Justicia, rechazando un pedido de un grupo árabe-israelí de defensa de los derechos humanos, autorizó al ejército israelí a que enterrara los cuerpos. Este grupo había pedido que no fueran las tropas israelíes las encargadas de enterrar las víctimas.