Por Sandro Pozzi *
Desde Nueva York

La Justicia estadounidense asestó ayer un nuevo golpe al paquete de leyes antiterroristas –Patriot Act– adoptado tras los atentados del 11-S en EE.UU., al declarar un juez neoyorquino “inconstitucional” la parte que autoriza a los agentes del FBI a pedir información confidencial sobre sus clientes a los proveedores de Internet y a otras empresas que manejan datos personales para poder llevar a cabo sus investigaciones.
La conocida como Acta Patriótica permite a la policía federal acceder a los documentos internos de compañías de seguros, del servicio postal, casinos, agencias de viaje y comerciantes de piedras preciosas sin tener la autorización judicial correspondiente. El FBI puede exigirles así la entrega de datos confidenciales sobre sus clientes sin que los agentes tengan que demostrar tampoco en qué basan su petición. La legislación no prevé vías para que dichas compañías puedan oponerse a la acción policial, que además tienen prohibido revelar que han recibido la petición de información del FBI.
El juez Victor Marrero, tras analizar los detalles de este apartado, considera que la conocida como “Carta de Seguridad Nacional” atenta contra la Constitución porque viola, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, y recomienda que se bloquee su aplicación. Marrero responde de esta manera a la demanda presentada por la UCLA, uno de los grupos más activos en EE.UU. en la defensa de las libertades y los derechos civiles tras la aprobación de la ley un mes después del ataque terrorista suicida contra las Torres Gemelas y el Pentágono.
El de ayer no es el primer golpe que asestan a Justicia las medidas sobre las que se sustenta el Acta Patriótica por considerar que violan los derechos y las libertades amparados por la Carta Magna. El golpe más sonado le llegó a la administración que preside George Bush en junio, cuando la Corte Suprema dijo que los presos en la base de Guantánamo pueden utilizar el sistema judicial estadounidense.
Los poderes de los que goza el FBI a la hora de controlar a las empresas se suman a otras medidas antiterroristas recogidas en la Patriot Act, como las escuchas telefónicas, la vigilancia de civiles en lugares públicos o el control de los libros que se sacan de las bibliotecas, además de las restricciones que aplican las fuerzas del orden durante los actos de protesta contra la gestión de la Casa Blanca.
Las organizaciones que defienden los derechos civiles y algunos legisladores de los dos partidos mayoritarios en la Cámara consideran que la Casa Blanca se extralimitó a la hora de dotar de poderes a las fuerzas de seguridad y policiales.. Por eso piden que se proceda a un cambio en la legislación.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.