Se alarga la cola de los que quieren interrogar a Henry Kissinger. Después del juez español Baltasar Garzón, la jueza francesa Sophie Hélène Chateau presentó ante la Interpol una demanda para poder interrogar al ex secretario de Estado norteamericano durante su visita a Londres, el próximo 24 de abril. En mayo de 2001 otro juez francés, Roger Le Loire, intentó en vano interrogar a Kissinger sobre su colaboración con el general Pinochet y otros dictadores latinoamericanos en su política de exterminio de la oposición. Le Loire vio cómo el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. le exigía que presentase su demanda “por vía oficial”, trámite que ahora sí ha cumplido su colega Chateau.
El interés de la jueza francesa hay que relacionarlo con los documentos secretos norteamericanos que se hicieron públicos en 2000 y que confirmaban que Kissinger, o cuando menos su departamento (ministerio), sabía de la existencia y de los objetivos del llamado Plan Cóndor. Dicho plan, que hermanaba a los distintos dictadores del Cono Sur en su actividad de terrorismo de Estado en la lucha contra la oposición política exiliada, supuso la “desaparición” de centenares de militantes antifascistas o, simplemente, de ciudadanos contrarios a los militares en el poder y, entre ellos, cinco franceses, uno de los cuales víctima directa de la aplicación del Plan Cóndor.
Kissinger fue responsable de la política exterior estadounidense entre 1973 y 1977. Sophie Hélène Chateau sigue los pasos de Garzón o del fiscal Carlos Castresana, en el origen de los 17 meses de detención que Pinochet vivió en Londres entre 1998 y 2000, así como los del juez belga Damien Vandermeersch, que se ocupa del caso de cinco compatriotas desaparecidos en Chile.