Se ganaron una fama negativa entre los tecnócratas del FMI, que las consideraban el agujero del bolsillo estatal. Pero ahora, con el nuevo ajuste en marcha, las provincias no sólo están en la mira de los economistas del Fondo. También se encuentran bajo la lupa del Gobierno y de todos los organismos de seguridad, que para los próximos días prevén una escalada de “convulsiones sociales” en diversos puntos del país. Una serie de conflictos que serán ineludibles, si los gobernadores aplican la receta del gerente del FMI, Horst Koehler, quien aconsejó despedir a miles de empleados estatales para bajar drásticamente el déficit. Los primeros efectos de la crisis brotaron en San Juan, donde los trabajadores tomaron los edificios públicos y ayer el gobernador, Alfredo Avelín, anunció que emitirá 50 millones en bonos para pagar los sueldos. Escenas parecidas se vivieron en Jujuy, Córdoba, Chaco, Salta y Río Negro, con asambleas en las calles, cortes de ruta y pedidos de comida en los supermercados.
Mientras el Ejecutivo intentaba descomprimir la situación en San Juan –el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, se reunió ayer en la Casa Rosada con el gobernador Avelín, funcionarios del Banco Mundial y representantes de todas las provincias–, la ola de protestas continuaba en Chaco, Río Negro, Córdoba, Salta y Jujuy. Hubo cortes de ruta, reclamos de alimentos, asambleas en los edificios públicos, huelgas y hasta un hecho trágico, que se produjo en San Juan, donde una mujer se suicidó, arrojándose desde el tercer piso del Ministerio de Economía, por problemas económicos. Se supo que su nombre era Jennifer, tenía tres hijos y no cobraba su sueldo desde enero.
La evolución de los sucesos preocupó también a los dirigentes gremiales y políticos, como el jujeño Carlos “Perro” Santillán, de la Corriente Clasista y Combativa, quien ayer advirtió que, si se concretan los despidos que propuso el FMI, “no solamente va a haber estos enfrentamientos (por los que ocurrieron anteayer en Jujuy, Chubut y San Juan), sino que van a pasar cosas mucho más duras”. Santillán hizo esa advertencia a la mañana, cuando aún no se había anunciado el feriado bancario y cambiario por tiempo indeterminado. Una vez informada la medida, en la Secretaría de Seguridad Interior denunciaban “un embate de los grupos económicos, que buscan agravar el malestar social”.
Mientras los problemas se complicaban en el frente económico, el Ejecutivo recibía alarmantes informes del Interior. A las ocho de la noche se enteraron de que un tren que llevaba soja en el Chaco había sido detenido por una multitud. “Era un tren de carga que venía cargado de soja, y la gente lo saqueó. La situación en la provincia está a ese nivel”, reconoció a Página/12 un funcionario de la Secretaría de Seguridad. En esa provincia, además, aborígenes y desocupados cortaron ayer la ruta 11 en reclamo de trabajo y alimentos. Y también hubo protestas en otros distritos:
u En Córdoba, trabajadores municipales se concentraron en los alrededores de la intendencia, donde hicieron asambleas en reclamo por la falta de insumos. Anteayer, los mismos empleados iniciaron un plan de lucha con retención de tareas, y las protestas se extienden a los docentes y obreros de Luz y Fuerza. Pero la provincia está convulsionada desde que José Manuel de la Sota anunció el proyecto de “pasividad anticipada”. Con esa iniciativa, De la Sota pretende conseguir el retiro de estatales y docentes, que cobrarían la mitad de su sueldo y dejarían de ir a sus labores hasta que cumplir con la edad necesaria para la jubilación.
u En Bariloche, Río Negro, unos 60 desocupados se concentraron ante un supermercado para pedir bolsones de comida. El local se comprometió a repartir cien bolsas con productos de primera necesidad entre cien familias del barrio 34 Hectáreas, uno de los más pobres de la ciudad.
u En Salta, obreros y municipales de Embarcación, a 286 kilómetros al norte de la capital, siguen de paro desde hace dos semanas, y siete personas cumplieron ayer un día más de huelga de hambre.
La exigencia del FMI de reducir el déficit de las provincias en un 60 por ciento –para bajarlo de 5000 millones a 2000 millones de pesos– está produciendo otros costos, que también se pueden cuantificar.