Por Mabel Azcui *
Desde La Paz

El ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada sería el primer presidente civil electo que responda por sus actos en un juicio en Bolivia, después de que el Congreso autorizara en la madrugada de ayer su procesamiento. Sánchez de Lozada será sometido a un juicio político, junto a su gabinete de quince ministros, acusado de violar los derechos y garantías individuales consagradas en la Constitución. Tras casi 17 horas de debate, el Congreso aprobó, por 126 votos a favor y 13 en contra, la autorización a la Corte Suprema de Justicia para que abra un juicio denominado en este país andino “de responsabilidades” contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
La determinación del Congreso fue saludada por el presidente Carlos Mesa minutos después de conocerse el resultado de la votación, porque “fortalece la democracia y renueva la fe ciudadana en sus instituciones. Se ha demostrado así que es posible obtener justicia por medio de los mecanismos que nos ofrece la Constitución Política del Estado y las leyes de la Nación”, apuntó en un comunicado. La presión social fue decisiva para el dictamen del Congreso boliviano de aprobar un juicio contra el ex presidente. La marcha de los cocaleros, que avanzan hacia La Paz, y de otros sectores laborales continuará a pesar de que el motivo de su caminata, el juicio al ex presidente, está ya autorizado.
El Gringo, como es apodado, es acusado por organizaciones civiles y el Movimiento al Socialismo (MAS), segunda fuerza congresal, por delitos de genocidio en el 2003, durante la mayor crisis institucional desde que se restableció la democracia en el país. El conflicto social, conocido como “Octubre Negro”, fue gatillado por el anuncio de la venta de gas a Estados Unidos por puertos chilenos, y expresado en el cierre campesino de carreteras y caminos, paros, cierre de mercados y protestas callejeras en casi todo el país. Llegó a un punto culminante entre el 12 y 17 de octubre, cuando se produjo un levantamiento vecinal en El Alto, la cuarta ciudad más poblada y la más pobre, que fue duramente reprimido por tropas militares con un balance de 58 muertos y más de 400 heridos de bala. También está imputado por daños económicos al Estado durante sus dos mandatos, el primero entre 1993 y 1997, lapso en que privatizó la mayor parte de las empresas públicas, inclusive las calificadas como estratégicas y, el segundo, de 14 meses, entre agosto de 2002 y octubre del año siguiente, interrumpido por su dimisión presionado por los tumultos sociales.
En la prolongada sesión congresal, los parlamentarios pugnaron, en primera instancia, por llevar a juicio político al ex presidente y a dos de sus colaboradores: Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa, y Yerko Kukoc, del Interior, propuesta que no logró los dos tercios (105 votos de los 157 escaños). Sin embargo, en la segunda vuelta con 126 votos a favor, se incluyó a todo el gabinete –que estaba integrado por representantes de los partidos Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora, Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lozada– y se anuló así el intento del MIR y NFR de excluirse a toda costa del juicio. Uno de los diputados del MNR que defendió empeñosamente a Sánchez de Lozada recriminó a los ex socios gubernamentales señalando que todos habían saboreado “el dulce del poder, la repartición de cargos en la administración pública, pero hoy no se quiere asumir responsabilidades”.
Los parlamentarios leales al ex presidente advirtieron la insuficiencia de pruebas y los abogados defensores advirtieron que no se están respetando los derechos de su cliente. Por otra parte, el principal obstáculo podría ser el pedido de extradición, ya que actualmente reside en Estados Unidos. En la historia boliviana el único jefe de Estado procesado y encarcelado es el ex dictador Luis García Meza, que desde 1995 purga una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.