La mano dura está de vuelta. El gobierno paraguayo anunció ayer la salida “por tiempo indefinido” de los militares a las calles para contrarrestar la sensación de inseguridad desatada en el país por el asesinato de un menor, dos días después de haber sido secuestrado. Efectivos militares se instalaron en diferentes puntos clave de la capital y de las principales ciudades del país, con el objetivo de secundar el trabajo de la policía reforzando la seguridad pública e intentar contener la indignación popular y la desconfianza hacia la policía. El reclamo a favor de una fuerza conjunta fue exteriorizado por diversas manifestaciones de ciudadanos que se movilizaron espontáneamente entre el jueves y el viernes para decir “Basta, a la violencia y la impunidad”.
La furia ciudadana provocó una tormenta política que trató de ser contenida por el presidente Nicanor Duarte. El gobernante ordenó desde Alemania –donde está de gira– la destitución de su ministro del Interior, Orlando Fiorotto, y del jefe de policía, comisario Umberto Núñez. Fiorotto fue reemplazado por el procurador de la República, Nelson Mora, ex embajador paraguayo en Colombia. La tarea conjunta “va a seguir por tiempo indeterminado. Vamos a apretar las puertas y los tornillos con los delincuentes; ellos nos quieren poner la agenda, pero nosotros vamos a instalar la agenda de la seguridad y pedimos apoyo y cooperación de la ciudadanía”, señaló el vicepresidente, Luis Castiglioni. Destacó, asimismo, la media sanción dada en la Cámara de Diputados a una reforma del Código Penal para restringir las medidas sustitutivas de prisión, lo que, a su juicio, “va hacer mucho más difícil la puesta en libertad de delincuentes y bandidos”.
Algunos legisladores en la Cámara de Diputados intentaron en vano el jueves iniciar un juicio de destitución del fiscal general del Estado, Oscar Latorre, pero no consiguieron los votos necesarios. Latorre, duramente cuestionado por su gestión, dijo que no renunciará.
Aníbal Amín Riquelme Seif Eddine, de 10 años, fue secuestrado el lunes por la tarde, cuando se desplazaba hasta un campo de deportes localizado en las cercanías del colegio católico Cristo Rey, donde concurría. Los investigadores no descartan que podría tratarse de un ajuste de cuentas de mafiosos con el padre de la víctima, un rico empresario del sector tabacalero que exporta cigarrillos al Brasil y que compite con unas 17 industrias instaladas en la zona fronteriza. Los forenses reportaron que la criatura murió de “edema pulmonar”, causado presumiblemente por el uso de cloroformo para adormecerlo. Fuentes policiales indicaron que los delincuentes no tenían razón de asesinarlo porque el dinero del rescate, unos 700.000 dólares, ya estaba a disposición de ellos y sólo hacía falta la “prueba de vida” para el canje. Sin embargo, se habrían excedido con el químico hasta provocar la muerte de la criatura, quien además padecía asma, según reportes de prensa basados en fuentes familiares. Su padre, el empresario tabacalero Pedro Aníbal Riquelme, ya había sufrido la experiencia del secuestro de su hija mayor hace dos años, por la que dijo haber pagado un rescate de 50.000 dólares.