Por Ferrán Sales*
Desde Ramalá

La ciudad de Ramalá empezó a hacer balance de tres semanas de ocupación israelí. El ejército ha destruido todos los archivos de la administración pública y privada; el registro de la propiedad de las tierras y las casas, los historiales de más de un millón de estudiantes y escolares, las fichas de los seguros y propiedad de los vehículos, las bases de datos de la policía y la información almacenada en cada uno de los ministerios. Mientras tanto, Israel sigue enfrentado con la comunidad internacional por los combates en Jenín. La Cruz Roja acusó ayer al Estado hebreo de violar la Convención de Ginebra durante la ofensiva contra el campo de refugiados de la ciudad. Amnesty International pidió que el caso de Jenín sea tratado con un tribunal internacional similar al que se aplica para el conflicto en los Balcanes. La ONU ya nombró a la Comisión Investigadora del caso, que viajará en estos días a Medio Oriente. Y el enviado de la ONU a la región, Terje Roed-Larsen, reaccionó ayer a las críticas del gobierno israelí a su postura respecto de lo ocurrido en Jenín. Yasser Arafat se reunió ayer con el subsecretario de Estado norteamericano, William Burns.
Ayer fue otra jornada violenta en Medio Oriente, a pesar de la retirada parcial de los israelíes de los territorios autónomos palestinos. Cinco palestinos (tres en Cisjordania y dos en la franja de Gaza) murieron por disparos israelíes, mientras otro moría en Ramalá, acusado de colaborar con Israel. En Belén, alrededor de la Iglesia de la Natividad, los disparos fueron constantes. En Ramalá, Arafat se reunía con Burns, pero sin que hubiera resultado alguno. El ministro de Información palestino, Yasser Abed Rabbo, denunció ayer que la segunda fase de la ofensiva israelí incluye el asesinato de Arafat. De momento, la polémica entre Israel y la comunidad internacional se concentra en la primera fase, más concretamente en la masacre de Jenín. Ante la crítica de la Cruz Roja, un portavoz del ejército israelí, teniente coronel Olivier Rafowicz, acusó a la Cruz Roja de ser propalestina: “El campo de Jenín era un refugio de terroristas que usaron escudos humanos”. La ONU designó a un grupo de cuatro representantes para ver lo que pasó allí, encabezado por el ex presidente finlandés, Martti Ahtissari, que participó en su momento en las negociaciones para terminar con la guerra de Kosovo. Justamente, Amnesty International reclamó que lo ocurrido en Jenín fuera juzgado del mismo modo que los sucesos en los Balcanes. Roed-Larsen, que había dicho el jueves que lo de Jenín “es de un horror que supera el entendimiento”, respondió ayer a las críticas israelíes: “Reaccioné como lo habría hecho cualquier ser humano ante esa situación”.
En Ramalá se está haciendo el recuento de tres largas semanas de ocupación total israelí. No hay documentos que garanticen y permitan la administración de los territorios palestinos autónomos. “Tres semanas de ocupación del ejército israelí sobre la ciudad de Ramalá han permitido a los soldados destruir de manera científica y sistemática todos los archivos y registros de la administración pública”, aseguró Rabbo. Los soldados han dejado tras de sí una estela de destrucción y de fuego, insisten los portavoces de otros ministerios palestinos, mientras destacan que los estragos más importantes se han producido en las oficinas del registro de la Cámara Urbana y de la Propiedad, donde se almacenaban las fichas que certificaban la propiedad de cada una de las casas y fincas de Ramalá.
“El archivo empezó a organizarse hace 140 años, en el período del Imperio Otomano, y contenía documentos imprescindibles para el funcionamiento normal de nuestra sociedad”, afirmó Rabbo, mientras recalcaba que será muy difícil, prácticamente imposible, reconstruir los datos que constaban en esos archivos, gracias a los cuales se regía el control de la tierra en la zona, se certificaba la propiedad y seestablecían los impuestos. La destrucción de estos archivos deja abierta la puerta a los litigios y a las demandas, incluidas las reivindicaciones de los ciudadanos israelíes y de la comunidad judía, que en las últimas cuatro décadas han venido demostrando una voracidad insaciable en la lucha por la conquista de los territorios palestinos.
Pero tan grave como la destrucción de estos archivos ha sido la desaparición de más de un millón de fichas de los estudiantes de primaria, enseñanza media y universitaria, o las cédulas de identificación de todos los vehículos y los que tenían en las compañías de seguros. “Es imposible administrar la población sin esos datos”, se lamentaba Rabbo, mientras cada uno de los ministerios trataba de hacer una evaluación de los daños sufridos durante las tres semanas de ocupación y trataban de volver a ponerse en marcha y dar asistencia a cerca de dos millones de habitantes en Cisjordania.
El domingo por la mañana, mientras se empezaban a acumular sobre la mesa del ministro los primeros datos de la destrucción de la administración palestina, se abría una carpeta en la que se intenta establecer el número de víctimas. Fuentes sanitarias aseguran que durante la ocupación murieron en Ramalá, tiroteados por las tropas israelíes, 37 ciudadanos, en su mayoría civiles, y entre los que se encontraban dos mujeres, dos niños y un número indeterminado de adolescentes. La contabilidad no ha hecho más que empezar.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.