Por Andrew Buncombe *
Desde Washington

Alberto Gonzales, el jefe de servicios jurídicos de la Casa Blanca tristemente célebre por haber declarado que las convenciones de Ginebra y los tratados internacionales antitortura no se aplicaban a los sospechosos de terrorismo bajo custodia en Estados Unidos, fue elegido ayer por el presidente Bush como su nuevo secretario de Justicia. De ser confirmado por el Senado, Gonzales reemplazaría a John Ashcroft, quien anunció su renuncia el martes.
Gonzales, de 49 años, sería el primer hispano en ocupar ese cargo en una administración norteamericana. El funcionario estuvo entre los posibles candidatos sobre los que se conjeturó para reemplazar a John Ashcroft antes de las elecciones, cuando se anticipó que este último no continuaría en un segundo período de Bush. Ayer se conoció oficialmente que Ashcroft presentó su renuncia al presidente en una carta manuscrita de cinco páginas la noche de las elecciones, pero que Bush esperó hasta el fin de semana para aceptarla y decidir quién sería su sucesor.
Si Ashcroft, militante de la extrema derecha religiosa, fue uno de los miembros más polarizantes del gabinete de Bush, Gonzales no escapa a la gran controversia. Estuvo en el centro de los esfuerzos para defender públicamente la política de la administración de mantener a los prisioneros capturados en la denominada “guerra contra el terrorismo” sin acceso a juicio o abogados, una postura a la que se opuso la Suprema Corte. Gonzales también fue el autor de un memorándum de febrero de 2002 en el que la administración de Bush se arrogó el derecho a ignorar tratados internacionales que prohibían la tortura de prisioneros. Varios partidarios republicanos dijeron que el memorándum abrió la vía al tipo de abusos que fueron descubiertos en Abu Ghraib y que fueron denunciados en la Bahía de Guantánamo. Pero la controversia en torno de Gonzales se remonta a la época en que trabajó como asesor general de Bush cuando éste era gobernador de Texas. Un artículo publicado el año pasado por el Atlantic Monthly analizó el rol de Gonzales en la preparación de los memos para Bush en 57 casos de pena de muerte en los que se le pidió al gobernador que garantizara clemencia. La investigación de la revista encontró que, con frecuencia, Gonzales “no informó al gobernador sobre temas cruciales en los casos que tuvo a la mano: consejos ineficaces, conflictos de interés, circunstancias atenuantes, incluso evidencia real de inocencia”. La revista dijo que Gonzales habría excluido factores como “enfermedades mentales o incompetencia, abuso sexual infantil, remordimiento, rehabilitación o discriminación racial en la selección del jurado”. Bush dio curso a que se ejecutaran, menos uno, todos los 57 casos, incluso el de Terry Washington, un hombre de 39 años con facultades mentales de un niño de siete años. Gonzales también fue nombrado con frecuencia como uno de los posibles candidatos de la Corte Suprema, en caso de que hubiera una vacante. Sobre todo, ante el anuncio de que el jefe de la Corte Suprema, William Rehnquist, tenía cáncer de tiroides.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Alicia B. Nieva.