“Los archivos de los años de la dictadura militar (1964-1985) deberían permanecer cerrados para proteger a víctimas de la represión que siguen vivas”, afirmó el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Armando Félix, al diario Folha de Sao Paulo ayer. Para el general (que asesora directamente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva) “no hay nada de bonito” en esos archivos, y apenas muestran dirigentes de una izquierda que definió como “corrupta”, repleta de casos de aventuras extraconyugales y delatores de sus propios compañeros. El viernes pasado, un juez federal acogió favorablemente un proceso civil que se propone analizar la legalidad del secreto que bloquea los archivos del régimen militar. Por otro lado, el gobierno brasileño estudia bajar las indemnizaciones y pensiones que el Estado paga a las víctimas de la dictadura militar. “El gobierno está conversando para cambiar eso”, dijo en una entrevista publicada ayer en el diario O Estado de Sao Paulo, José Genoíno, ex guerrillero y presidente del Partido de los Trabajadores.