El septuagenario, puño derecho en alto, y la envejecida voz de un Abimael Guzmán canoso, de lentes y encorvado gritando en medio de una audiencia judicial “gloria al marxismo-leninismo-maoísmo” fueron suficientes para despertar los fantasmas de la lucha armada conducida por Sendero Luminoso, considerada la etapa más violenta de la historia del Perú. Entre 1980 y 2000, la lucha armada y la guerra sucia como respuesta del Estado dejaron cerca de 70.000 muertos. Abimael Guzmán, jefe máximo de Sendero Luminoso, está encarcelado desde septiembre de 1992 en una base militar, pero su condena a cadena perpetua impuesta en un juicio sumario por un tribunal castrense que actuó en secreto y sin respetar las mínimas garantías de un debido proceso fue declarada inconstitucional en el 2003, por lo que el 5 de noviembre último comenzó a ser juzgado públicamente por una corte civil, pero el proceso se truncó diez días después en medio de un descomunal papelón de sus conductores.
Las desafiantes proclamas de Guzmán y la patética incapacidad de los magistrados encargados de este primer frustrado juicio civil a la máxima dirigencia de Sendero Luminoso han sido aprovechados al máximo por voces interesadas en resucitar los miedos del pasado, en unos casos para buscar sacar provecho político poniendo cara de duros y en otros casos para desacreditar la institucionalidad democrática en proceso de reconstrucción y reavivar nostalgias autoritarias. Con la excusa de un supuesto rebrote del terrorismo senderista, lo que se viene dando, a partir de la imagen de Guzmán con el puño en alto, es, en realidad, un rebrote autoritario de inspiración fujimorista. Los herederos mediáticos y políticos del fujimorismo –que en el Perú es sinónimo de la derecha política y económica más autoritaria– han desatado una ofensiva contra la izquierda legal en su conjunto, tanto política como sindical, y contra los conductores de la transición democrática –con el ex presidente Valentín Paniagua a la cabeza–, acusándolos de favorecer este supuesto resurgimiento de Sendero. El mensaje nada sutil de estos resucitados sectores autoritarios es: la democracia es débil y favorece el crecimiento del terrorismo, por eso necesitamos un gobierno de “mano dura” como el de Fujimori. Y sobre esa premisa vienen desarrollando una profusa campaña mediática.
Mientras algunos políticos y analistas que en su momento fueron muy cercanos al gobierno de Fujimori han regresado a las primeras planas pregonando el resurgimiento de Sendero Luminoso, la realidad, sin embargo, indica que el grupo maoísta está dividido, muy debilitado y reducido a pequeños bolsones aislados y precariamente armados. “No veo ningún peligro de un resurgimiento de Sendero Luminoso como en 1980 (año de inicio de las acciones armadas senderistas). Sendero ya no está militarizado y por lo tanto no tiene capacidad de desarrollar acciones armadas de importancia”, señala Carlos Tapia, reconocido estudioso del proceso de violencia política y de Sendero Luminoso en particular.
Los nostálgicos del fujimorismo acusan al gobierno de transición de Paniagua y al actual régimen de Toledo de haber flexibilizado las condiciones carcelarias de los detenidos por terrorismo al punto de convertir las cárceles “en centros desde los cuales se dirige el reagrupamiento de Sendero Luminoso”. “Eso es absurdo”, dice Tapia. En realidad no ha existido ninguna flexibilización carcelaria, sino todo lo contrario. Guzmán ha perdido una serie de privilegios –como poder reunirse periódicamente con los dirigentes de su partido presos en otros penales y llevar una vida de pareja con Elena Iparraguirre, número dos de Sendero y detenida junto con él en septiembre de 1992– que le dio Fujimori como retribución por un mensaje televisivo de Guzmán de 1993 llamando a “un acuerdo de paz” y elogiando al gobierno de Fujimori, el cual fue usado por éste con fines electorales.