El gobierno de Brasil creó una comisión ministerial encargada de abrir los archivos de la dictadura, con lo cual dos estados federales, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, decidieron hacer de acceso público los archivos militares sobre la represión ejercida por la dictadura militar en el poder entre 1964 y 1985. Por otra parte, el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, anunció ayer que la Policía Federal investigará la incineración de los documentos secretos en Salvador.
Durante mucho tiempo el ejército negó la existencia de archivos sobre los asesinatos ocurridos en prisiones del régimen militar que, según la organización Tortura nunca mais, es responsable de la muerte de 300 personas y de la desaparición de otras 136 entre 1964 y 1980. Después de la denuncia difundida el domingo por la televisión de San Salvador de Bahía, sobre la quema –al parecer intencional– de documentos de la represión ilegal durante la dictadura militar en la Base Aérea de Salvador, los responsables de la Base Aérea ubicaron otros documentos, aún intactos, que estaban “listos para ser incinerados”. El ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, anunció ayer que la Policía Federal investigará la incineración de los documentos secretos en Salvador.
La historia de la lucha política en Minas Gerais, cuya capital es Belo Horizonte, estuvo disponible para el público desde ayer gracias a la apertura de los archivos del antiguo Departamento de Orden Político y Social (DOPS) del estado. En Rio Grande do Sul, cuya capital es Porto Alegre, el material fue entregado por un hombre, cuya identidad fue mantenida en secreto, a una periodista que, a su vez, los entregó a los Archivos Históricos locales. “La apertura de los archivos permitirá localizar a los desaparecidos políticos”, declaró Fernando Pimentel, del Partido de los Trabajadores. En diciembre de 2002, algunos días antes de culminar su mandato, el predecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso, extendió de 30 a 50 años el plazo de protección de los archivos militares. La decisión del gobierno de Lula, el 7 de diciembre último, de no apelar la decisión judicial de abrir los archivos militares, inició una nueva posición del Estado brasileño en relación con los secretos de la represión militar.