En un duro golpe a la política antiterrorista de Gran Bretaña, la Cámara de los Lores dictaminó que la detención indefinida sin juicio de extranjeros sospechosos de terrorismo es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. Ocho de los nueve jueces de la máxima instancia judicial de la nación se pronunciaron a favor de la apelación de nueve extranjeros que llevan más de tres años recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Belmarch, en el sur de Londres. La decisión de la Cámara de los Lores es un duro revés para la política antiterrorista del primer ministro, Tony Blair, luego de la renuncia el miércoles, en medio de un escándalo político-sexual, de su principal propulsor, David Blunkett.
El tema se ha convertido en el primer dolor de cabeza para el nuevo ministro del interior, Charles Clarke, que debe estar lamentando haber dejado el Departamento de Educación. La Ley Antiterrorista, aprobada en reacción a los atentados del 11 de septiembre, es el pilar legal de la política de seguridad interior del gobierno. Por el momento, el flamante ministro del Interior indicó que la ley continúa vigente. “El Parlamento debe decidir si se modifica la ley. Por lo tanto, no pondré en libertad a los detenidos porque pienso que son una amenaza significativa para nuestra seguridad”, indicó Clarke en un comunicado.
No obstante, dada la dureza del fallo de la máxima instancia judicial del reino, es difícil creer que la situación de los detenidos pueda seguir igual durante mucho tiempo. La Ley Antiterrorista estipula que el Estado británico tiene derecho a arrestar de modo indefinido a extranjeros que constituyan una “amenaza a su seguridad”. En el dictamen de la Cámara de los Lores, el presidente de la corte, Lord Thomas, fue categórico al subrayar la incompatibilidad entre esta ley y la Convención Europea. “Esta ley discrimina a las personas por el hecho de ser extranjeras o por su categoría de inmigrantes”, señaló Thomas en su dictamen. Por su parte, un veterano de la causa Pinochet, Lord Leonard Hoffman, trató con franca ironía los argumentos de “seguridad” invocados por el gobierno. “La amenaza real para la nación, es decir para que la gente que viva de acuerdo con la ley, no proviene del terrorismo sino de la actual ley antiterrorista”, dijo Lord Hoffman. La abogada de ocho de los detenidos, Gareth Pierce, puntualizó que, si el gobierno no actuaba con prontitud, “provocaría una enorme crisis constitucional”.
Entre los grupos de derechos humanos que han estado luchando por lograr la libertad de los nueve detenidos, el dictamen fue recibido con previsible júbilo. La directora de Amnistía Internacional, Kate Allen, manifestó su beneplácito con la decisión de los lores y exigió al gobierno que la tomara en cuenta. “Moral y legalmente, el mensaje es muy claro. Esperamos que el nuevo ministro del Interior responda como corresponde para asegurar que en Gran Bretaña se vela por los derechos humanos de todos”, indicó Allen. En un sentido similar se pronunció el director de la organización por las libertades civiles, Liberty, Shami Chakrabarti. Los nueve detenidos aseguran que son inocentes y varias ONG han expresado temor por su salud mental como consecuencia de una detención indefinida. Muchos han tildado a la prisión de Belmarch donde se encuentran alojados la “Guantánamo” del Reino Unido, en alusión a la base naval de EE.UU. en Cuba, en la que están recluidos supuestos terroristas de la red Al Qaida.