El presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, se negó ayer a firmar la ley de reforma de la Justicia, una de las principales iniciativas legislativas del gobierno de Silvio Berlusconi. Ciampi devolvió el texto al Parlamento por considerar que algunos artículos, especialmente los que limitaban la independencia de los tribunales respecto del Poder Ejecutivo, eran “evidentemente anticonstitucionales”.
Berlusconi, desde Bruselas, se declaró “muy tranquilo” y “convencido” de que la ley sólo requeriría algunos retoques. “No creo que sea difícil ajustar el texto, aprobarlo de nuevo en la Cámara de Diputados y el Senado antes de finales de febrero y obtener la promulgación presidencial”, dijo. El ministro de Justicia, Roberto Castelli, consideró que los puntos conflictivos eran “marginales” y que las correcciones serían “breves”.
Los elementos centrales de la reforma judicial consistían en la separación de las carreras de fiscal y magistrado, hasta ahora intercambiables; en la creación de un sistema de promociones basado en concursos y exámenes, y no en la veteranía y el escalafón, y en el establecimiento de un sistema jerárquico para los fiscales cuya cúspide se conectaba, por vía de nombramiento, con el Poder Ejecutivo. Este último elemento aproximaba bastante el ordenamiento judicial italiano al español y fue el centro de las objeciones presidenciales.
En la motivación de su rechazo, remitida a los presidentes de la Cámara y el Senado, Ciampi refirió su inquietud ante la posibilidad de que la independencia judicial sufriera merma por el hecho de que determinados casos pudieran ser “dirigidos”, por la vía de la jerarquía fiscal, desde el Ministerio de Justicia. El presidente de la República indicó que le parecían “evidentemente anticonstitucionales” algunos aspectos del poder atribuido al ministro de Justicia de comunicar al Parlamento las líneas maestras de la política judicial, de la institución de una oficina gubernamental de control de los resultados de los procesos judiciales y de la reducción de la autonomía del Consejo Superior de la Magistratura en materia de nombramientos y promociones de los jueces.
La ley de reforma judicial fue ampliamente rechazada por los magistrados y fiscales italianos, que realizaron dos huelgas para expresar su oposición y para reclamar un puesto en una mesa negociadora que nunca llegó a establecerse. El gobierno se cerró al diálogo y acusó a la magistratura de “corporativismo” y de “sufrir una politización profunda”.
La última vez que el presidente Ciampi se negó a firmar una ley fue exactamente un año atrás. El 15 de diciembre de 2003, Ciampi devolvió al Parlamento la Ley Gasparri, más conocida como ley de televisiones, que consolidaba la hegemonía en el sector de las empresas de Berlusconi. Ciampi consideró entonces que la ley vulneraba la libre competencia y exigió cambios que el gobierno introdujo en los dos meses siguientes.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.