La tormenta que se desató entre el gobierno venezolano y colombiano por el caso del guerrillero colombiano Rodrigo Granda se encamina a una confrontación cara a cara. El presidente colombiano Alvaro Uribe dijo estar “dispuesto a discutir” en público el tema con su colega venezolano, Hugo Chávez, después de que éste suspendiera las relaciones bilaterales y exigiera una disculpa pública. Durante la crisis, Chávez dejó una rendija de salvación a Uribe, diciendo que espera una rectificación para solucionar la crisis diplómatica.
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, “ha hecho saber que está dispuesto a discutir” el asunto con Chávez “frente a frente y en una cumbre presidencial”, declaró una fuente gubernamental ayer. El mandatario colombiano quiere que sea “una discusión pública, en el marco de una cumbre presidencial y frente a los demás presidentes”, señaló Ricardo Galán, secretario de Información y Prensa de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia colombiana. Según el diario colombiano El Tiempo, Uribe tomó la decisión luego de una reunión de gabinete en la que propuso tratar con el gobierno venezolano el caso del guerrillero Granda “en el marco de una discusión más amplia sobre terrorismo” y en un escenario donde participen más gobiernos de la región. “El mandatario colombiano le envió un mensaje al presidente Chávez en el que dice está dispuesto a tratar el problema del ‘canciller’ de FARC pero con la única condición de que debe ser en un espacio público para analizar el tema frente a frente”, señaló Radio Caracol de Colombia. Chávez, por su parte, expresó que está “dispuesto a tender puentes” para dirimir las diferencias con Colombia.
La crisis diplomática entre los dos países se generó por la detención del considerado “canciller” de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ricardo González, alias “Rodrigo Granda”. Según las autoridades de Venezuela, algunos miembros del Grupo Gaula de la policía colombiana y cinco oficiales de la GN (policía militarizada) venezolana participaron en la captura del “canciller de FARC” el pasado 13 de diciembre en Caracas y lo entregaron a las autoridades colombianas en Cúcuta, en una operación que viola “flagrantemente” la soberanía venezolana. Por su parte, las autoridades colombianas insisten en que la detención de Granda se produjo en Cúcuta, Colombia, coordinada por el jefe de policía local. Sin embargo, el ministro colombiano de Defensa, Jorge Alberto Uribe, reconoció que las autoridades de Colombia pagaron una recompensa por la información que condujo al apresamiento del guerrillero, admisión que arreció un temporal político en Venezuela.
Después de que se conoció la noticia de que Uribe y Chávez estaban dispuestos a reunirse, distintos sectores políticos colombianos aplaudieron esa postura. Los jefes del Partido Liberal, Partido Conservador y el Polo Democrático Independiente (PDI, izquierda) expresaron su complacencia por las intenciones de superar la crisis entre los dos países, que comparten una frontera común de 2219 kilómetros.
El presidente de la Dirección Nacional del Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, dijo que es “una decisión acertada” y pidió a los dos gobernantes “dejar atrás la soberbia”. El presidente del Partido Conservador, Carlos Holguín Sardi, por su parte, expresó su “apoyo” a un encuentro “cara a cara entre Uribe y Chávez” y propuso, además, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como mediador en caso de que se requiera esa opción. Gustavo Petro, presidente del PDI, opinó que el comunicado del viernes del gobierno colombiano fue “nefasto” y aseguró que “lo mejor que le puede suceder a Colombia es que Uribe hable directamente con Chávez”.
Los ex presidentes colombianos Ernesto Samper, Alfonso López Michelsen y Andrés Pastrana consideraron igualmente que corresponde a los dos jefes de Estado mantener las relaciones y preservar las instituciones sin que se afecten y acusen mutuamente. Varios ex ministros de Relaciones Exteriores, como María Emma Mejía, Augusto Ramírez Ocampo y Luis Fernando Jaramillo, por su parte, señalaron la conveniencia de que los presidentes y los cancilleres, el venezolano Alí Rodríguez y la colombiana Carolina Barco, resuelvan directamente las diferencias.
El viernes la tormenta diplomática llegó a su punto más crítico cuando Chávez exigió una disculpa pública del gobierno de Colombia por haber “violado la soberanía nacional” en la operación que llevó a la captura de Granda y suspendió los acuerdos bilaterales. El gobierno colombiano, pocas horas después, no sólo se abstuvo de pedir disculpas, sino que en un comunicado ratificó que Granda es un terrorista y que en su aprehensión no se violó la soberanía venezolana. El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Wood, señaló que su gobierno apoya “ciento por ciento” la postura colombiana expresada en el comunicado. “Apoyamos ciento por ciento el comunicado de Colombia, una declaración moderada, muy enérgica y de importancia trascendental no sólo para Colombia sino para la lucha antiterrorista en la región andina”, dijo Wood.