Por Eduardo Febbro
Desde Santa Cruz de la Sierra

En los locales del Comité Pro Santa Cruz las sonrisas son amplias, la recepción calurosa y la convicción intacta, a pesar de que la realidad se volvió de pronto adversa. El terremoto político que sacudió a Bolivia durante las últimas tres semanas y su posterior desenlace –la nominación del presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, como nuevo jefe de Estado– frenaron la marcha triunfante de los cruceños hacia la tan anhelada autonomía. Santa Cruz de la Sierra es, junto con otros tres departamentos, uno de los más vehementes defensores de la autonomía regional. Por diferentes razones, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando han formado el cuarteto de departamentos que propulsaron un fuerte movimiento autonomista. Orgullosos de su pasado, de la riqueza que producen y de una “identidad” que nada tiene que ver con el mundo andino, los cruceños lideraron el movimiento de los cuatro departamentos bolivianos que aspiraron a la autonomía regional. Aunado en una misma ambición, el cuarteto presionó al poder central hasta introducir en la Asamblea Nacional un proyecto de referéndum vinculante previsto para el próximo mes de agosto.
Sin embargo, la interrupción del mandato de Carlos Mesa interpuso un compás de espera obligado. Entre los sueños y la realidad, se hizo necesario bajar el tono a fin de no agregar confusión a la confusión y no aparecer, ahora, como el “eje” que, en pleno caos, está dispuesto a protagonizar un golpe capaz de desestructurar al herido Estado boliviano.
Luego de que el sistema político nacional encontrara la salida constitucional que desactivó la bomba de la crisis, los autonomistas tuvieron que aceptar dejar en suspenso la idea del referéndum, tanto más cuanto que el nuevo presidente tiene seis meses para convocar a elecciones generales. Entre los deseos autonómicos y su realización hay una agenda densa: las elecciones y la Asamblea Constituyente. “Esto que ha ocurrido es lo peor que podía pasarnos, pero la lucha continúa, siempre con alegría y energía”, admite en el anonimato un miembro del organismo cruceño que milita por la autonomía, el Comité Pro Santa Cruz. El comité es el brazo político de una cruzada a favor de un régimen autonómico que dé lugar a que el departamento maneje libremente sus recursos. Santa Cruz quiere administrar sus propios bienes sin que el Estado boliviano se inmiscuya en las cuentas de una región que detenta el supremo privilegio de producir el 40 por ciento de la riqueza nacional. Esa idea descentralizadora hizo eco en Tarija, Beni y Pando, pero también ahondó la brecha entre los dos países que cohabitan en Bolivia, el mundo andino y los llanos del oriente. Los cuatro departamentos con ambiciones autonómicas chocan frontalmente con La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro, que militan por un estado central y proponen la convocatoria de una asamblea constituyente.
La autonomía presentada por las cuatro regiones está basada en un esquema doble, político y económico. El político se articula en torno de la elección directa de los prefectos, una autoridad que pasará a tener “rango” de gobernador al igual que en un régimen federal, y de la elección de las asambleas locales. Sin embargo, el eje del proyecto no es tanto el político sino el económico. Santa Cruz presentó un modelo destinado a administrar el 56 por ciento de los recursos que genera y una reforma del sistema de distribución departamental. Este modelo pretende destinar un 10 por ciento de la producción de las regiones más ricas a las cajas de los departamentos más empobrecidos y un 33 por ciento a las cajas de la administración nacional. Pero los legisladores y las organizaciones sindicales y sociales de las regiones andinas ponen en tela de juicio un principio que, en los hechos, consiste en obtener facultades irrenunciables sobre las riquezas del suelo y poder gozar de ellas sin obligación de consultar al gobierno central.
El conflicto que surgió de este proyecto alcanzó una dimensión inédita. Mundo andino y autonomistas se acusaron de racistas, de fascistas, de separatistas, de atrasados, de antipatriotas y de ladrones. La historia sirve de sustento a los autonomistas de Santa Cruz. Los datos demuestran sin ambigüedad que, durante décadas, los cruceños fueron olvidados por el Estado central. Santa Cruz tuvo su primera calle asfaltada recién en 1967. El historiador Javier Matienzo señala que “a lo largo de todo el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, la economía se basó en la explotación minera de las zonas andinas sin que nadie se ocupara de aplicar una política de cohesión e integración territorial en el conjunto. Ello llevó a que zonas en apariencia periféricas como el oriente y el sur recibieran escasa atención del gobierno. Este estaba preocupado en la rentabilidad de la minería y dejó a las regiones que estaban fuera del eje económico del país abandonadas a su propia suerte”.
El desarrollo, sin embargo, cambió de rumbo. El mundo andino se empobreció, la minería dejó de ser un gran negocio y Santa Cruz de la Sierra se convirtió en el orgulloso pulmón económico del país. En diálogo con Página/12, el doctor Logio Yoyo Balcazar Arroyo, gerente del Comité Pro Santa Cruz, considera que el nombramiento de un nuevo presidente “es a la vez un paso atrás y un paso adelante. Hacia atrás por el hecho mismo de que los presidentes bolivianos apenas duran uno o dos años, hacia adelante porque la salida del presidente Carlos Mesa abre otro panorama político. El era una parte sustancial de la confrontación que había entre el Parlamento y el Ejecutivo”. En lo que se refiere a las ambiciones autonómicas de Santa Cruz, el dirigente cruceño reconoce que “ahora debemos esperar un poco a ver qué dice el nuevo mandatario. Mantenemos por principio la convocatoria del referéndum para el 12 de agosto, pero también debemos esperar y ver cuáles son los pasos que da el Parlamento en la búsqueda de una salida a la crisis”. Arroyo se defiende de toda acusación de separatismo y alega que “lo único que quiere Santa Cruz es trabajar en paz y que las leyes se cumplan. Queremos mirar al país con esperanza. No vamos a salir de la pobreza con bloqueos. Sólo el trabajo productivo constituye una salida. Y eso es lo que el país no está haciendo”. Arroyo protesta contra lo que él considera una campaña sucia contra su departamento. Según afirma, se ha “utilizado nuestra idea de un referéndum, lanzada respetando todos los mecanismos democráticos fijados por la Constitución, para confrontar a ambas regiones del país, es decir, el oriente contra occidente”.
Las calles de Santa Cruz son, sin embargo, testimonio de una clara confrontación. La región quiere a todo precio el control de su “identidad” y no se siente de igual a igual con el resto del país. El caos boliviano, la incapacidad de la clase política de administrar equitativamente un territorio nacional, terminó generando un fuerte movimiento autonómico que, tarde o temprano, dividirá al país. “Yo –dice un cruceño– no quiero vivir heredando los líos de un Estado incapaz de respetar las normas y de un montón de gente que no trabaja.”